En resumen, destacaron, el primer careo fue positivo para nuestro país: "lo bueno es que se trató el tema de la Argentina y no se trató lo de juicio abreviado", que era el pedido que llevaba Burford.
Ahora los representantes legales de nuestro país tendrán la posibilidad de presentar nuevos argumentos para fortalecer su postura.
De esta forma, el Gobierno continúa ganando tiempo, en medio de un escenario electoral en el que pelea voto a voto con el kirchnerismo.
Tal como publica Carlos Burgueño en 'Ambito Financiero', "el país está lejos de lograr la mudanza del caso a Buenos Aires" pero al menos "consiguió que la resolución de la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York se postergue a las próximas semanas; con lo que la definición del caso demandará más tiempo que el que esperaban los demandantes de Burford y Eton.
Para el Gobierno, la extensión en el tiempo de la causa, determinará que la decisión final demandará varias semanas más y que el capítulo del juicio YPF en Nueva York también podrá ser utilizado en la campaña electoral; dado que los dos principales actores de la operación de reestatización de YPF son hoy de los principales candidatos de la oposición: la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex ministro de Economía Axel Kicillof".
El lunes la Argentina había presentado un escrito ante Preska en que afirmaba que el acuerdo entre Repsol y el Grupo Petersen por la compra de acciones de la petrolera entre 2008 y 2011 es de "naturaleza impropia" y causó daño al Estado y al pueblo argentino.
El Gobierno sostiene que Petersen es una empresa ficticia española formada y controlada por ciudadanos argentinos "que entró en un conjunto muy dudoso de acuerdos evidentemente falsos para adquirir sus acciones de YPF", por lo que "deberían ser anulados ab initio".
El pedido de nuestro país de trasladar el juicio a los tribunales argentinos ya fue rechazado a fines de junio por la Corte Suprema de Justicia de USA.
A principios de 2019, la defensa argentina perdió el primer round de la batalla legal con Burford. Frente al reclamo económico del hedge fund, los abogados de la Procuración y de YPF plantearon que la reestatización fue un hecho soberano del Estado que está contemplado en el artículo 17 de la Constitución Nacional, en la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera y en la Ley 26.741 (de Expropiación de YPF). En rigor, no discutieron directamente la jurisdicción del caso, sino la naturaleza del Derecho que está en juego. Preska sostuvo, en cambio, la posición de Burford, que alegó que la expropiación le produjo un perjuicio de índole comercial. De nuevo, lo que se discutió en esa primera contienda fue la naturaleza del derecho que estaba involucrado y no la jurisdicción, por más que, en los hechos, lo que estaba en juego era dónde correspondía litigar.
"Se trató si el reclamo era judiciable o no. La Justicia norteamericana se inclinó a favor de Burford", resumió un abogado cercano a la Procuración, al sitio 'EconoJournal'.
Ayer la comitiva local estuvo integrada por el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías y Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón, director de YPF y hombre de confianza de Mauricio Macri y por abogados del estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.
Si Preska falla a favor de la Argentina, los autos viajarán hasta un tribunal federal de Buenos Aires. Si lo hace en línea con lo que quiere Burford, la causa seguirá en Estados Unidos. En cualquier caso, el juez que dirima el asunto deberá hacerlo en base a las leyes y a la regulación argentina. Si la jueza neoyorquina decide continuar el juicio en territorio estadounidense se materializará un hecho infrecuente: un magistrado de Estados –formado en base al derecho sajón del common law– deberá aplicar sentencia sobre la base del sistema legal argentino, que se apoya en el derecho codicado.
Desde 2015 Burford lleva adelante una demanda contra el Estado argentino por supuesto incumplimiento del estatuto de YPF al realizarse la expropiación del 51% de las acciones de la compañia durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2012.
