Anoche, en declaraciones al canal de noticias 'TN', Samid dijo que se encuentra en el país, "en una provincia peronista", y aclaró que "en doce horas en auto" podía estar en Buenos Aires.
Además dijo que se entregará a la Justicia "si hace lo mismo Carlos Stornelli", el fiscal a cargo de la causa de los cuadernos de las coimas, quien fue declarado en rebeldía y que ya faltó en cuatro oportunidades a una citación indagatoria ordenada por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en el caso de una supuesta extorsión en la que está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio.
Sin embargo, la versión que figura en la circular de su detención indica que estaría en Belice, un país caribeño al que habría llegado vía Panamá.
Según informó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Samid habría dejado el país el 24 de marzo pasado y no el 2 de abril, como se especuló en un primer momento.
El juicio contra Samid prosiguió el jueves con las réplicas de los alegatos de las partes, en este caso a cargo de la querellante Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y concluiría el miércoles de la semana que viene con la lectura del veredicto respecto de los otros acusados involucrados en el caso y la previa chance de darle la oportunidad de decir sus "últimas palabras".
En caso de no ser ubicado antes, Samid deberá ser sometido a un nuevo juicio oral y público, según explicaron las fuentes a la agencia de noticias 'Télam'.
El mediático empresario está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada a la evasión de impuestos y su estrategia parece ser la de especular con la prescripción de los delitos que se le endilgan, lo que técnicamente ocurriría la próxima semana.
La AFIP ya había pedido al TOPE1 una pena de siete años de cárcel para Samid, mientras que la fiscalía había reclamado un encierro de seis años y medio. El fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, quien participa del juicio, había sido acusado el miércoles por Samid sin prueba alguna por una supuesta exigencia del pago de 1,8 millón de dólares para beneficiarlo en el caso.