“La Justicia tiene que tener sentido común y responsabilidad, ya que hay que terminar con los jueces del ´salga, salga´ y los que creen que quienes cumplen condena tienen más derechos que las víctimas”, agregó Garate.
En este caso de la liberación de presos en la Provincia, se violó la Ley Nacional de Víctimas, que “es de orden público, la de Protección Integral de la Mujer y no se le dio intervención al Asesor de Incapaces, pese a que la víctima presentaba retraso madurativo”.
Es que Ibars había sido condenado a 7 años de prisión en noviembre de 2015 por abusar y dejar embarazada a una joven con retraso madurativo. El juez Claudio Brun decidió en las últimas horas revocar su propia resolución y retornarlo a la cárcel de Villa Floresta.
A la misma hora que se anunciaba su pedido de juicio político, el magistrado decidió suspender la prisión domiciliaria que le había otorgado al abusador.
Cabe recordar que la semana pasada, el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, reunió al Observatorio de Víctimas de Delitos, presidido por Sandra Rossi y dependiente de Diputados, y se comprometió con acciones para monitorear las "libertades masivas" durante la pandemia.
Por otra parte, el diputado Jorge D’Onofrio prepara un nuevo escrito para María Inés Piñero Bertot, jueza del Tribunal Oral 2 de San Martín y la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de San Martín, quienes le otorgaron la prisión domiciliaria a Antonio Di Palma, que violó una menor de 17 años.
Para peor, el domicilio adonde lo enviaron para cumplir su arresto se encuentra a unas pocas cuadras del hogar de la víctima y va a convivir con menores de edad.
“Más allá de una campaña para infundir miedo en la población con falsas cifras de liberación de detenidos, quienes tenemos la responsabilidad de velar por las víctimas y la ciudadanía en general, es que ponemos en marcha las herramientas que nos da la constitución y vamos a iniciar Jury de Enjuiciamiento a los magistrados que hayan ido más allá de lo normado por la corte y las leyes nacionales y provinciales”, expresó D’Onofrio.
“En este caso en particular”, detalló el diputado y asesor en materia de seguridad de Massa, “es tan flagrante el mal desempeño de estos magistrados que no solo mandaron a la casa a un violador, con el agravante que una vez iniciado el proceso se había fugado y fue detenido por el buen trabajo de la fiscal actuante quien lo confinó a prisión preventiva. En diciembre de 2019 se elevó la causa a juicio y espera fecha de inicio”, precisó en detalle sobre el historial de Di Palma.
Y aseguró finalmente que “el imputado no solo no se encontraba en lo que denominamos población de riesgo sino que entra en lo que marca la ley para denegar las excarcelaciones y tiene que ver con la posibilidad de fuga”.
# La Fiscalía pidió revocar el fallo que habilitó la liberación de presos
El fiscal Carlos Altuve presentó este lunes (04/05) un recurso para que la Suprema Corte de Justicia bonaerense revoque el habeas corpus colectivo que firmó el Tribunal Penal de Casación y que abrió la puerta a cientos de arrestos domiciliarios y excarcelaciones, en el marco de la pandemia de coronavirus.
La Fiscalía advirtió la“gravedad institucional” de esa resolución en donde “se ha vulnerado la garantía del juez natural que debe conocer en la situación de privación de libertad de las personas que se encuentren a su disposición, otorgando el arresto domiciliario a un numero indeterminado de personas”. Y aunque reconoció que “es necesario adoptar medidas urgentes y eficaces para paliar la situación de emergencia carcelaria y sanitaria”, reclamó que se deje sin efecto el fallo que había firmado el juez Victor Violini a inicios de abril que quedó en el centro de la polémica.
“No es mi objetivo alzar una barrera que obstaculice la toma de las medidas urgentes, esenciales e imprescindibles para resguardar la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Sin embargo, considero que tales medidas no deben ser tomadas con afectación a la distribución de competencias constitucionales y legales, ni mediante la vulneración de las leyes que ordenan el funcionamiento de la administración de justicia penal. Tampoco deben tomarse medidas que desconozcan abiertamente la letra expresa de la ley ni extraerse de la mera voluntad del juzgador”, sostuvo el fiscal.
Si bien aclaró que compartía el espíritu de la decisión de buscar una alternativa al hacinamiento carcelario en medio de la pandemia de la COVID-19, cuestionó la forma en la que se había implementado la medida, ya que no estaba claro cómo evaluar los delitos graves y leves a la hora de permitir estas morigeraciones de las detenciones.
La Fiscalía denunció “arbitrariedad por fundamentación aparente en la acción colectiva y la competencia originaria del Tribunal de Casación”, la “vulneración de la garantía del Juez Natural”, una “sentencia arbitraria” por argumentos aparentes, el “apartamiento notorio de la letra expresa de la ley” y la violación de los derechos de las víctimas.
Según Altuve, “la decisión respecto a qué personas privadas de libertad gozarán del arresto domiciliario dispuesto ha sido depositada por el Dr. Violini ni más ni menos que en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad de la provincia, ninguno de los cuales puede ejercer funciones jurisdiccionales tales como determinar quiénes gozaran de medidas morigeradoras a la prisión preventiva ni juzgar las modalidades de ejecución de la pena, facultades propias del Poder Judicial”.
