El flamante caso recayó en el juzgado federal 11, que estaba a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio.
Lijo incorporó en el expediente Ciccone el artículo y extrajo testimonio al entender que debía investigarse como un caso independiente al de la gráfica.
El magistrado pidió que se extraigan testimonios para que se investiguen los pagos a Vandenbroele por parte del Programa de Protección de Testigos, que incluyeron el pedido de $1.500.000 y el pago confirmado de $800.000 para poner en marcha el hotel boutique La Masia en Chacras de Coria, Mendoza.
A la presentación del juez Lijo se van a sumar primero como denunciantes y luego como querellantes los abogados de Boudou, Graciana Peñafort y Alejandro Rúa.
Tras conocida esta información, El Destape destaca que " el juez Lijo fue clave en la persecución judicial a Boudou. Fue quien lo mandó a detener el 3 de noviembre de 2017 bajo el amparo de la por entonces reciente Doctrina Irurzun. Los ideólogos de esa detención se ocuparon de filtrar imágenes de Boudou descalzo y en pijamas cuando fue detenido en su departamento. El juez dividió el expediente y la parte que podía involucrar a Boudou la elevó rápidamente a juicio, resuelto por los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y María Gabriela López Iníguez".
Días atrás, el periodista Ari Lijalad publicó en El Destape documentos oficiales del programa de Protección de Testigos en donde consta que Vandenbroele recibió fondos públicos por $1.500.000 para poner un hotel boutique en Mendoza.
"El programa de Protección de Testigos, que funcionaba bajo la órbita del ministro de Justicia Germán Garavano, "fue utilizado para presionar, direccionar y premiar a arrepentidos que cumplieran su tarea: apuntar a ex funcionarios K. según muestra la nota.
Además, aporta imágenes de algunos documentos oficiales donde consta el dinero que le entragaron a Vandenbroele.
