Horacio Verbitsky:
" El domingo, Lorenzetti, Rosatti y Juan Carlos Maqueda concertaron un texto común, al que luego adhirió Elena Highton desde su casa. Es la única amiga del presidente y de su ministra de Justicia, pero está furiosa por el cargo del Poder Ejecutivo a la Corte de no haber cumplido con la capacitación en materia de género dispuesta por la Ley Micaela. Ella está orgullosa del trabajo realizado desde la Oficina de la Mujer, en la que sucedió a Carmen Argibay. Los hombres de la casa fueron muy comprensivos, pero con sus propios argumentos: se sienten por encima de la ley y no consienten que alguien venga a exponerles una perspectiva de la que carecen. Ni siquiera en este tema suspenden las hostilidades internas. Lorenzetti y Rosenkrantz se acusan recíprocamente de haber ignorado la Ley Micaela. Y el presidente del tribunal, autor del voto del 2×1 que confería la impunidad por los Crímenes de Lesa Humanidad, convocó para esta semana a la Comisión Interpoderes que analiza el avance de los juicios que no pudo detener debido a la imponente reacción social en contra. Ni siquiera le avisó a Lorenzetti, bajo cuya presidencia se creó esa mesa de coordinación. La reunión había sido pedida por los organismos defensores de los derechos humanos."
Irina Hauser y Luciana Bertoia:
"La apertura del per saltum, que además prohibió por ahora que los tres jueces sean reemplazados, fue un golpe sorpresivo para el Poder Ejecutivo, que por decreto había ratificado lo decidido por el Senado: el rechazo a los tres traslados. Falta la decisión de fondo de la Corte, pero el procurador interino Eduardo Casal dictaminó anoche a favor de los tres jueces, lo cual no es vinculante para la Corte. Todavía hay final abierto, aunque la situación del tribunal con el Gobierno sea de alta tensión."
Verbitsky:
"Con matices, los cinco coinciden en erigir a la Corte en Salvadora de la República, al modo de los ayatollahs, supremos guardianes de la Constitución islámica, que pueden pronunciarse saltando por encima de los jueces naturales de una causa o por Acordadas administrativas, como las que llevan los números 4 y 7 de 2018, sobre el traslado de jueces de un tribunal a otro. Aun así, hay cuestiones de congruencia cuyas secuelas políticas no resulta simple eludir."
Hauser y Bertoia:
"En la vocalía de Rosenkrantz se trabajó hasta tarde el viernes 25. Los teléfonos de sus secretarios más cercanos ardieron hasta pasada la medianoche. Estaban preocupados por avisar que el supremo mandaría pronto las invitaciones al Gobierno, a la Procuración General, a la Cámara Federal de Casación, al Consejo de la Magistratura, al Congreso y a los organismos de derechos humanos para convocar. Todos ellos integraron la Comisión Interpoderes desde que fue creada en 2008 por el antecesor en la presidencia suprema, Ricardo Lorenzetti, cuando la Corte todavía decía que los juicios de lesa humanidad eran una política de Estado."
Verbitsky:
"Lo que la Corte está estudiando ahora es otra pirueta, que convalide estos casos pero proscriba su repetición en el futuro. Quien le señaló el camino fue el jefe interino del Ministerio Público, Eduardo Casal, quien dictaminó que cuando se realizaron los traslados no estaban vigentes los requisitos de jurisdicción, competencia y grado, que el Consejo de la Magistratura reglamentó después. (...) Al menos para dos de los jueces será difícil suscribir esa idea sin entrar en contradicción precisamente con sus actos propios: tanto Rosatti como Highton revisaron su voto en el caso Muiña, luego que una ley aclaratoria dijera que el 2×1 no era aplicable a los crímenes contra la humanidad."
Hauser y Bertoia:
"La convocatoria a la Interpoderes no quedó por fuera de la interna palaciega que se vive en la Corte. Rosenkrantz se ocupó de correr a quienes habían manejado hasta entonces la relación con los organismos o con las partes interesadas en las causas de lesa humanidad aduciendo que respondían a Lorenzetti. Quizá fue por eso que los organismos de derechos humanos no recibieron llamado alguno para convocarlos a la reunión a la Corte, sólo un correo enviado desde la secretaría privada de la presidencia del tribunal. A los funcionarios los llamó Agustín María Casares, otro hombre de confianza del presidente de la Corte. A ninguno de los invitados les comunicaron un temario, sólo a algunos les anticiparon que la idea de la Corte es dividir el trabajo en grupos temáticos."
Verbitsky:
" En el almuerzo del miércoles pasado en la Casa de Gobierno, Alberto Fernández, Santiago Cafiero, Wado de Pedro, Sergio Massa y Máximo Kirchner hicieron un juego de roles, tratando de imaginar los debates entre los miembros de la Corte Suprema (que en realidad no se producen, porque pretextando la pandemia los han suplantado por comunicaciones escritas y por medio de los secretarios). Lo que no se sabe es quién hizo de Highton, quién de Lorenzetti, Maqueda, Rosatti y Rosenkrantz. Desde el verdadero tribunal, los operadores de prensa de los jueces afirman que para ellos Bruglia, Bertuzzi y Castelli son empleados de la Justicia federal a los que defenderán. “No quieren un caso Sosa 2”, dicen. Es hora de decirle basta a esta justicia clasista, que se cobra con sus propias canonjías la defensa de los grandes propietarios, en contra de cualquier ordenamiento o regulación que dispongan los poderes de elección popular, y cuya incompetencia técnica se advierte en el zigzag de su itinerario, en el que cada movimiento responde a una ventaja coyuntural, de modo que cualquier cosa es posible según quién presione y qué convenga."
Hauser y Bertoia:
"Desde hace un año, Rosenkrantz está sentado sobre una causa especialmente sensible, la de la responsabilidad de las máximas autoridades del ingenio Ledesma con secuestros producidos durante “los apagones” de 1976. En 2015, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación anuló los procesamientos de Blaquier y de Alberto Lemos y dispuso su falta de mérito. El fiscal de Casación Javier De Luca recurrió la decisión y dijo que se trataba de un sobreseimiento encubierto. La procuradora ante la Corte, Adriana García Netto apoyó la postura de De Luca. Sin embargo, la Corte nunca trató el tema. Todas las miradas apuntan a Rosenkrantz por la relación que su esposa, Agustina Cavanagh, tiene con los Blaquier. Cavanagh presidió la fundación Cimientos hasta que Rosenkrantz llegó a la Corte y actualmente integra el consejo de esa organización, que según el Observatorio de las Élites CITRA - UMET - CONICET está ligada a los Blaquier. (...)".
