Fuentes judiciales informaron a Infobae que el magistrado tuvo en cuenta que durante estos tres años Lagomarsino cumplió con todas las disposiciones de la Justicia. Además el fiscal Eduardo Taiano y el abogado Pablo Lanusse, que representa en la causa a la madre y la hermana de Nisman, aceptaron el pedido de la defensa.
En la resolución, el juez Ercolini sostuvo que durante los casi tres años que Lagomarsino usó la tobillera electrónica “no sólo se mantuvo a derecho sino que también permaneció dentro de los límites indicados y además, cooperó con la correcta utilización de tal aparato y con el personal de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para asegurar el regular funcionamiento”.
El magistrado también resaltó que el perito cumplió con el resto de las medidas que le impuso y que tiene custodia de las fuerzas federales “que coadyuvará a mantener el conocimiento activo y actualizado acerca de su ubicación”, por lo que dispuso que no use más la tobillera.
“Avala tal decisión el hecho de que las medidas de sujeción en ciernes junto con la custodia personal aparecen como suficientes a fin de asegurar la finalidad de sometimiento al proceso procurada, ello, en un marco más adecuado al contexto personal, familiar, laboral y psico-físico actual del imputado y, por otro lado, menos lesivo a su respecto, ello, de acuerdo a las explicaciones de afectación a sus derechos por él brindadas”, concluyó.
Ercolini sí mantuvo otras cinco medidas que Lagomarsino deberá seguir cumpliendo: la prohibición de salida del país; no poder tramitar pasaporte a su nombre; la prohibición de alejarse de su domicilio por más de 24 horas sin aviso; la obligación de avisar acerca de cambios de domicilio y/o lugares de residencia; y la obligación de presentarse ante el tribunal cada 15 días, lo que está suspendido por las medidas por la pandemia del coronavirus.
La tobillera se le retirará a Lagomarsino dentro de cuatro días cuando la decisión del juez quede firme. Es el plazo que la ley fija para que una resolución pueda ser apelada, lo que no ocurrirá en este caso porque la Fiscalía y la querella avalaron la decisión.
