En 2003, el gobierno de Néstor Kirchner le quitó la concesión al Grupo Macri y le inició una causa para reclamar el cobro del seguro por los incumplimientos en el Correo.
Por su parte, la ACG sostuvo que no le corresponde hacerse cargo de esa deuda basándose en la denominada "carta de fianza" que firmó con SOCMA en 1999, la cual establecía que los representantes de la firma de la familia presidencial se convertían en "los principales pagadores" ante un eventual conflicto.
De acuerdo con lo publicado por Ámbito Financiero, ese acuerdo establecía que la empresa renunciaba "a los beneficios de exclusión y división, de todas y cada una de las obligaciones contraídas por Correo Argentino SA con Aseguradora de Créditos y Garantías SA en virtud de los contratos de seguros de caución instrumentados".
La discusión llegó hasta la Corte Suprema, que ahora declaró "inadmisible" un recurso extraordinario presentado por SOCMA, en un breve fallo que lleva la firma de la mayoría de sus jueces, excepto la de Carlos Mahiques.
Esta decisión de la Corte no solo tiene impacto por los montos en juego por el seguro de caución, sino porque además dejaría debilitada la posición de la empresa respecto de la batería de juicios contra el Estado con los que ha logrado estirar indefinidamente el pago de la deuda, lo que derivó también en una investigación penal por posibles ilícitos (ver notas relacionadas).