Esto crea una oportunidad única para el gobierno de ocupar estos puestos con jueces afines a sus intereses.
Por otra parte, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), liderada por Julio Piumato, rechazó el proyecto del gobierno y se quejó de que "la solidaridad que la etapa demanda" en modo alguno "puede ser un justificativo para cercenar derechos". "Estamos convencidos que la solidaridad que la etapa demanda, en modo alguno puede ser un justificativo para cercenar derechos, mucho menores de la manera elitista, regresiva y carente de perspectiva de género, como lo hace el proyecto presentado la semana pasado por el oficialismo", indicó en un comunicado el gremio.
En la actualidad, en todo el país, prestan servicio un total aproximado de 30.150 agentes dentro de la Justicia Nacional y Federal, según datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación y los Ministerios Publico Fiscal y de la Defensa.
Por lo que respecta a los empleados que aportan en el Poder Judicial de la Nación, las cifras son las siguientes: 7000 agentes en las categorías de funcionarios públicos, 4223 prosecretarios y 2577 secretarios. También, se estima una cifra aproximada aportantes al régimen especial de mil magistrados en plena actividad.
En tanto, los más de 22.500 agentes aportan al régimen general del S.I.P.A. previsto en la ley 24.241. Como se nota, solo el 20% del total de la planta del Poder Judicial de la Nación es la base activa aportante al sistema previsional de la ley 24.018.
De ahí que la propuesta sea incorporar el 80% restante, que representa al universo de empleados, a fin de incrementar sustancialmente la base de aportantes en cuatro veces la actual y de esa manera sanear el déficit actual y darle sostenibilidad propia en el tiempo al régimen especial.