Hartos de la inseguridad
Ante el hecho, cientos de usuarios no sólo aprovecharon la ocasión para criticar a la dirigencia política, responsabilizándolos por la inseguridad en todo el país, sino que además, un grupo posicionó la frase "pena de muerte" en redes sociales, exigiendo "justicia" y "mano dura" para delincuentes.
Por ejemplo, el subsecretario de prensa de la Presidencia de la Nación, Javier Lanari, reflexionó en su cuenta de X sobre su postura ante la pena de muerte.
"Crímenes como el de Umma me hacen replantear mi posición en contra de la pena de muerte. A esas basuras les deseo lo peor. Lo van a pagar hasta el último día de sus vidas. Miserables!", sentenció.
Otro que pidió pena de muerte de una manera muy peculiar fu e el diputado nacional José Luis Espert, quien publicó una foto de un pedazo de queso gruyere y escribió: "A los asesinos de Umma".
"¿No les gusta la pena de muerte? Ok. Entonces acepten las cárceles como las de Bukele, dónde los tipos que asesinan a nenas de 9 años no salgan NUNCA MÁS, por más buena conducta que tengan o cursos de DD.HH. que aprueben. ¿No quieren cárceles como las de Bukele? Pena de muerte", escribió por su parte el usuario @martinpugliese.
"El sábado balearon a un hombre, ayer a un repartidor y hoy mataron a Umma, TODO EN EL MISMO BARRIO! La gente no puede vivir así, una nena de 9 años no puede morir xq nos venden q los DDHH de un asesino valen más. En Lomas de Zamora, en todo PBA ya existe la PENA DE MUERTE", contó el usuario Argenpoirot, quien ironizó que en el país ya existe la pena de muerte, pero ejercida en manos de los delincuentes.
Pena de muerte prohibida en Argentina
Hace más de un siglo se aplicó en el país, por última vez, la pena de muerte. El sábado 22 de julio de 1916, los calabreses Francisco Salvatto y Giovanni Lauro fueron fusilados en el patio de la Penitenciaría Nacional, al ser encontrados culpables de la muerte de Frank Carlos Livingston y se convirtieron así en los últimos condenados a pena de muerte en Argentina.
La pena de muerte en Argentina está abolida para los delitos comunes en 1984 y la abolió para todos los delitos en 2008, apoyado por la presidente de ese momento, Cristina Fernandez de Kirchner.