Para colmo, la oposición aprovechó la ola malvinera y sumaba voluntades para intentar voltear del DNU 70/2023, ese festival de desregulaciones con el que Federico Sturzenegger soñó toda su vida, más que con recuperar el pelo. El decreto sacrificó la Ley de Tierras, pero también un montón de otras, en el altar de la apertura de la economía, ahí donde el ‘Coloso’ de misas.
Si cae el DNU 70, entonces, vuelven todas aquellas regulaciones y temblaría el multiverso libertario.
Marxistas de Groucho
Configurado para el Gobierno ese escenario catastrófico digno de una película de Roland Emerich, apareció de nuevo la Corte Suprema, que 10 días después y en un trámite en tiempo récord repuso la Ley de Tierras con lo que le arrojó un salvavidas a Milei, a la vez que buscó contrarrestar los abucheos en su contra que despertó el fallo anterior.
De los 3 supremos, sólo Carlos Rosenkrantz mantuvo la postura original, por lo que Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti tuvieron que pedir auxilio (conjueces) para conformar una mayoría y demostrar que si a alguien no le gustan sus principios, bueno, tienen otros.
Así, la Corte le dio una mano inestimable a Milei. Por un lado, lo rescata del callejón discursivo que se le armó entre la soberanía malvinera y la desregulación; por el otro, y principalmente, desinfla la convocatoria de la oposición de este jueves en la Cámara de Diputados en la que pretendía sepultar para siempre el DNU 70.
Había aliados que se iban a prestar para el quórum, pero ahora el oficialismo podrá seducirlos con su propia iniciativa para limitar la venta de tierras a extranjeros. Ya lo dijo Perón: “al final del día, grouchomarxistas somos todos”.
Un gran ejemplo de esa filosofía es ‘Toto’ Caputo, que una noche dijo que las mediciones desestacionalizadas el INDEC con resultados negativos no reflejaban la realidad de la economía y que había que mirar la “tendencia-ciclo” para al día siguiente subirse triunfante a datos positivos desestacionalizados de industria y construcción, aunque sus respectivos índices de tendencia-ciclo acumulen meses de caída.
Pero la defensa de la soberanía que esgrime el Gobierno quedó otra vez en tela de juicio con el lanzamiento de la denominada ‘Ciudadanía por Inversión’. Por decreto -again- cualquier extranjero que haga un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro o suscriba un bono público por US$800.000 podrá solicitar la naturalización.
Hay constitucionalistas que advierten que la decisión va en contra de la Carta Magna y desde la oposición denuncian que se trata de un atajo para que los extranjeros eludan la Ley de Tierras.
Porque la soberanía no se vende, pero la ciudadanía sí.
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