El líder mapuche Facundo Jones Huala lleva un mes prófugo de la Justicia de Chile, donde le restan poco más de 2 años de condena, y a quien el 15 de febrero pasado se le revocó el beneficio de libertad condicional del que gozó solo 24 días.
A mediados del pasado, la Corte Suprema de Chile ordenó que regrese a la cárcel, al hacer lugar un planteo del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y el lonco mapuche nacido en Bariloche se mantiene prófugo de la Justicia desde entonces.
El nombre de Jones Huala no figura por ahora en la lista roja de Interpol, el organismo internacional para la búsqueda y captura de personas.
Nada se sabe de su paradero y el teléfono celular con el que se comunicaba tras salir en libertad condicional a mediados de enero ya no emite señal.
El referente mapuche de Bariloche fue condenado a 9 años de prisión en Chile por el incendio de una vivienda habitada y la tenencia de armas de fuego en 2013, pero luego la pena se redujo a 6 por contabilizar los días de detención en Argentina hasta su extradición. Por eso, la Justicia chilena considera que comenzó a cumplir la pena el 22 de diciembre de 2018 y termina la condena el 26 de junio de 2024.
Las especulaciones de un lado y otro de la frontera admiten que será difícil dar con el activista mapuche antes de que se cumpla el plazo de la condena.
Su detención en esa ocasión, en junio de 2017, fue por casualidad ya que fue detectado en un control de tránsito de rutina en el puesto Villegas de Gendarmería Nacional sobre la ruta 40, entre Bariloche y El Bolsón, cuando viajaba en un vehículo.
El 15 de febrero pasado los integrantes de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Chile con un voto dividido ordenaron que el referente mapuche debía regresar a la cárcel para cumplir su condena, al hacer lugar al planteo del gobierno de Sebastián Piñera que apeló la decisión de la libertad condicional que otorgó la Cámara de Apelaciones de Temuco el 21 de enero.
Según argumentaron, Jones Huala no reunía los requisitos para acceder a ese beneficio de libertad condicional debido a que no había avanzado en su proceso de reinserción y no reconocía la gravedad de los hechos por los cuáles fue condenado.
También los jueces cuestionaron que la Cámara de Apelaciones haya argumentado su decisión con el artículo 10 del Convenio 169, que prevé que cuando se impongan sanciones penales a miembros de pueblos indígenas "deberá (…) darse preferencia a tipos de sanción distintos al encarcelamiento".
En este punto advirtieron que "no puede interpretarse en el sentido de que dicha preferencia es de carácter absoluto, puesto que esto llevaría al absurdo que en todo los casos en que se juzgue a un miembro de un pueblo indígena por la comisión de un delito, por grave que sea, su pena no la cumpliría privado de libertad en un establecimiento estatal".
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