Con esos títulos ejecutivos, se iniciaban demandas judiciales que derivaban en embargos y medidas de ejecución. En muchos casos, las víctimas no llegaban a enterarse del proceso hasta que sus bienes ya habían sido afectados.
Estafa procesal: Domicilios falsos y juicios ejecutivos
Uno de los elementos más graves de la presunta estafa procesal es el uso de domicilios inexistentes o falsos dentro de los expedientes judiciales.
La investigación detectó que en numerosos casos los domicilios declarados para demandados eran incorrectos, abandonados o directamente pertenecían a terceros sin relación con las causas. Esto habría impedido que las víctimas fueran notificadas correctamente, dejándolas en estado de indefensión.
Este mecanismo habría sido clave para avanzar con juicios ejecutivos sin oposición, facilitando embargos y el recupero de supuestas deudas sin control efectivo.
¿Quiénes están detrás de la estafa investigada?
De acuerdo con los informes oficiales, el análisis de más de 70 expedientes permitió identificar a una mujer como principal actora en los procesos y a un abogado matriculado en Salta como su patrocinante.
Ambos están siendo investigados por su presunta participación en esta estructura que, según la hipótesis fiscal, operaría de forma organizada.
Además, se detectó la existencia de una sociedad comercial identificada como Famosa Bankia S.A., que habría funcionado como soporte de la operatoria. El fiscal interino Pablo Rivero solicitó medidas sobre la firma y sobre los investigados, incluyendo el levantamiento del secreto bancario y restricciones de salida del país.
Qué secuestró la justicia en los allanamientos por estafa
Durante los 19 allanamientos realizados en simultáneo, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales secuestró una importante cantidad de elementos vinculados a la causa de estafa con pagarés.
En el estudio jurídico se incautaron dinero en efectivo, computadoras, teléfonos celulares, documentación y expedientes judiciales. En domicilios particulares se encontraron talonarios de pagarés en dólares, cuadernos con anotaciones, comprobantes bancarios y otros elementos de interés.
También se verificaron inmuebles utilizados como supuestos domicilios en expedientes ejecutivos, algunos de los cuales estaban abandonados o en proceso sucesorio. En esos lugares se halló documentación judicial y cédulas de notificación vinculadas a las causas investigadas.
Qué medidas tomó la fiscalía tras la estafa
Ante el riesgo de destrucción de pruebas, la fiscalía solicitó y obtuvo autorización judicial para avanzar con los allanamientos. El operativo fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 5 del distrito Centro, a cargo del juez Pablo Zerdán.
Además, se dispusieron medidas complementarias como la prohibición de salir del país para los investigados, la retención de documentos de viaje y la prohibición de contacto con denunciantes y damnificados.
Las personas señaladas en la causa fueron citadas a audiencia de imputación en la Unidad de Delitos Económicos Complejos, donde se definirá su situación procesal.
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