Escándalo judicial: Gastón Salmain entre la corrupción y el jury

El próximo 6 de octubre comienza el juicio político contra el juez federal de Rosario, Gastón Salmain, acorralado por corrupción. Arranca con polémica.

ROSARIO. El próximo martes 6 de octubre dará inicio al juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Consejo de la Magistratura contra el titular del Juzgado Federal N° 1 de la ciudad, Gastón Salmain, quien fue suspendido en junio, acorralado por corrupción.

La investigación conocida como "Attila" pone el foco en una presunta connivencia urdida en el ámbito de la justicia federal de Rosario. De acuerdo con la acusación sostenida por los fiscales, el magistrado habría establecido un pacto espurio con el financista Fernando Whpei y otros intermediarios para manipular un expediente de carácter mercantil.

El objetivo central de la maniobra consistía en otorgarle curso favorable a una acción judicial impulsada por la firma Attila Fideicomisos SRL. Mediante una demanda declarativa de inconstitucionalidad contra las normativas emitidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la estructura buscaba sortear los férreos controles cambiarios vigentes.

Etapa clave: Comienza el jury contra Gastón Salmain

El magistrado enfrenta graves acusaciones por presuntamente cobrar coimas a cambio de resoluciones judiciales y por haber ocultado antecedentes disciplinarios, específicamente su expulsión del Poder Judicial dos décadas atrás debido a un intento de manipulación de sorteos.

No obstante, el arranque del debate se encuentra atravesado por una fuerte controversia jurídica a raíz de la decisión del tribunal de citar a declarar a Whpei, empresario y coimputado en la causa penal bajo la figura de arrepentido, bajo la modalidad de "con asistencia letrada", generando un escenario procesal ambiguo sobre su rol en el juicio político.

El suspendido juez federal de Rosario Gastón Salmain comenzará a ser juzgado el 6 de octubre por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Consejo de la Magistratura.

Postura de los consejeros acusadores

Ante esta medida, los consejeros que cumplen el rol de acusadores en el jury, integrados por el senador Luis Juez, el juez Diego Barroetaveña y la abogada Jimena De la Torre, presentaron un recurso formal solicitando que se deje sin efecto la citación o, subsidiariamente, que la declaración se suspenda hasta consultar al Ministerio Público Fiscal, debido a que el acuerdo de colaboración original fue tramitado ante el equipo de fiscales de Rosario que encabeza la investigación.

Los acusadores advirtieron que la disposición adoptada por el Jurado carece de sustento legal, proviene de un órgano administrativo que se estaría arrogando competencias propias de la jurisdicción judicial, y puede constituir un elemento obstructivo para el curso de la justicia. En su presentación, destacaron que el expediente posee una elevada complejidad y que la persecución de la corrupción pública exige una prudencia singular.

Asimismo, remarcaron que la defensa de Salmain ya logró incorporar al debate el testimonio que Whpei brindó como imputado colaborador, la reproducción en video de dichos y las actuaciones de un expediente donde Salmain querelló a Whpei por falso testimonio.

Los consejeros recordaron que este tribunal evalúa la responsabilidad política y el mal desempeño funcional de los magistrados, diferenciándose de un tribunal penal.

A su vez, cuestionaron enérgicamente que el Jurado haya creado una categoría procesal anómala e intermedia de declarante, eximido de juramento o promesa de decir verdad, asistido técnicamente y habilitado para abstenerse de responder preguntas que lo autoincriminen.

En ese sentido, argumentaron que no existe normativa que faculte al cuerpo a eximir a un testigo de juramento ni a permitir declaraciones en permanente consulta con su defensor, advirtiendo que esto compromete seriamente la aptitud probatoria y vuelve difícil discernir qué pertenece al declarante y qué a su letrado.

El Jurado de Enjuiciamiento juzgará al suspendido juez federal de Rosario acusado de cobrar coimas por 200 mil dólares y de ocultar su cesantía del Poder Judicial en 2002.

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