Debido a estos hechos, el magistrado se encuentra imputado por delitos que conllevan penas de prisión efectiva de entre cuatro y doce años.
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Durante las últimas semanas, Salmain había comparecido ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura para rechazar todas las imputaciones.
Corrupción judicial
El segundo hecho analizado por el cuerpo de consejeros se remonta al 2001, época en la que Salmain ejercía funciones en el fuero federal. En esa oportunidad, intentó desviar el rumbo de un expediente hacia el juzgado en el que prestaba servicios mediante el ofrecimiento de dinero a una secretaria de los tribunales de Comodoro Py. Este accionar motivó que, en 2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara su cesantía de manera unánime.
Durante las deliberaciones del Consejo, se remarcó que este antecedente de destitución fue omitido por Salmain al postularse en el concurso público para ser juez federal. Si bien el acusado alegó en su defensa que las normativas vigentes solo le exigían declarar los antecedentes laborales de los últimos diez años, diversos integrantes del Consejo consideraron que ocultar ese dato alteró de forma decisiva la valoración de su postulación.
En este sentido, el senador nacional y consejero, Luis Juez, objetó duramente la postura del juez al manifestar la improbabilidad de que la Cámara de Senadores prestara el correspondiente acuerdo a su pliego de haberse conocido que la Corte Suprema lo había separado previamente de la justicia por un intento de cohecho.
Primeras repercusiones
La resolución institucional generó inmediatas repercusiones en el arco político. La diputada provincial socialista Lionella Cattalini respaldó de manera contundente la suspensión, calificándola como un avance indispensable para restituir la credibilidad en los poderes del Estado y ratificar la igualdad ante la ley.
La legisladora enfatizó que Salmain se encontraba inhabilitado éticamente para continuar al frente de un juzgado de tal relevancia institucional mientras pesaran sobre él sospechas de corrupción de semejante envergadura.
A su vez, instó al Jurado de Enjuiciamiento a proceder con celeridad para brindar una respuesta rápida a las demandas sociales de transparencia, concluyendo que la ciudad de Rosario requiere de una estructura judicial federal íntegra, libre de sospechas y desprovista de prerrogativas corporativas para sus miembros en caso de comprobarse los delitos en el ámbito penal.
"Salmain tiene que rendir cuentas ante la Justicia como cualquier ciudadano. No puede haber privilegios para quienes juraron hacer cumplir la ley". "Salmain tiene que rendir cuentas ante la Justicia como cualquier ciudadano. No puede haber privilegios para quienes juraron hacer cumplir la ley".
El futuro del magistrado entra en etapa crítica
La suspensión unánime de Salmain por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación pone de manifiesto la gravedad de los cargos institucionales y penales que pesan sobre el magistrado, abriendo un escenario de profunda revisión sobre los mecanismos de selección y control en el Poder Judicial.
El caso no solo expone las severas sospechas de corrupción en torno a fallos vinculados con el mercado de divisas, sino que también reabre el debate sobre el deber de transparencia y la rigurosidad en la declaración de antecedentes de los postulantes a magistrados federales.
En un contexto social que demanda respuestas claras y ejemplaridad institucional, el próximo desarrollo del juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento resultará crucial para determinar la destitución final del procesado y reafirmar la independencia y la ética dentro de los tribunales federales de Rosario.
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