Expresamente mencionaron en el escrito que la citación a los ministros era una ampliación a discreción del objeto del proceso y “de acuerdo a trascendidos periodísticos acaecidos al tiempo de la presentación de la presente recusación, ya tendría decidido suspender el inicio de las clases en la Ciudad de Buenos Aires”.
También menciona entre los argumentos la “manifiesta falta de parcialidad” y “encono puesto de manifiesto en innumerables precedentes”.
Cabe recordar que en 2020 Gallardo también había sido recusado por el gobierno porteño tras ordenar la creación de un Registro Judicial para recibir las solicitudes de estudiantes por computadoras e internet.
En 2019 volvió a ser recusado cuando prohibió el uso de aplicaciones de reparto a domicilio por problemas de seguridad y precarización laboral.
Antes, también se lo había recusado por el aumento en el pasaje del subterráneo y en 2016 el magistrado denunció que el gobierno porteño lo recusó en diez causas en sólo un mes y en 771 casos en los últimos ocho años. “Afecta mi independencia como magistrado”, se quejó por entonces.
Sobre el inicio del ciclo lectivo en la Capital Federal, a dos semanas de la vuelta a la presencialidad en las aulas porteñas, Gallardo había convocado a Quirós, a Acuña y a cuatro gremios docentes a dar explicaciones sobre los procedimientos que se implementarán en el inicio del ciclo lectivo.
Esa decisión desató la recusación del gobierno local que denunció que "es evidente que el magistrado tiene intención de suplir la actividad que le compete a los litigantes, confundiendo su rol de director del proceso con el de parte, resolviendo por fuera de lo requerido, y en clara contraposición con las reglas procesales a las que debiera atenerse, vulnerando las garantías constitucionales del Gobierno de la Ciudad".
“Las decisiones implican un claro exceso de las funciones del Dr. Gallardo, quien directamente está seleccionando los sujetos en autos, y ordena prueba no solicitada, tal como si fuera parte actora, con lo cual demuestra la clara intención del magistrado de utilizar un proceso judicial para convertirse en el ejecutor de una política pública”, agrega en otro tramo el escrito.
