El dirigente cuestionó además la falta de controles y afirmó que algunas plataformas llevan alrededor de dos años operando en Puerto Madryn sin sanciones municipales.
Aplicaciones y taxistas: ¿En qué consiste el bloqueo solicitado al ENACOM?
El planteo presentado ante el organismo nacional apunta a una medida tecnológica de mayor alcance que las habituales restricciones administrativas.
De acuerdo con lo expresado por los representantes del sector, el bloqueo impediría acceder a las aplicaciones dentro de la provincia para solicitar un viaje o registrarse como conductor.
Sandanella sostuvo que existen antecedentes internacionales donde se implementaron restricciones similares y consideró que el ENACOM tendría competencia para analizar el pedido debido a sus funciones vinculadas con los servicios de comunicaciones.
Hasta el momento, el organismo nacional no informó públicamente si dará curso al planteo ni si iniciará algún procedimiento administrativo relacionado con la solicitud.
¿Qué argumentan los taxistas contra las aplicaciones?
Las asociaciones sostienen que las plataformas incumplen las ordenanzas municipales vigentes y generan una competencia que consideran desigual.
Entre los principales argumentos señalan que los taxis deben afrontar habilitaciones, licencias, seguros específicos, controles técnicos, cargas tributarias y requisitos regulatorios que, según afirman, no se aplican de igual manera a quienes trabajan mediante aplicaciones.
En Puerto Madryn, los referentes del sector recuerdan que existe una ordenanza municipal aprobada hace aproximadamente una década que regula el transporte de pasajeros y que, a su entender, no habilita este tipo de servicios.
Por ese motivo consideran que corresponde exigir el cumplimiento de la normativa vigente antes que avanzar en una modificación del sistema.
¿Qué podría pasar si prospera el pedido al ENACOM?
Especialistas en derecho digital señalan que un eventual bloqueo de aplicaciones abriría un escenario complejo desde el punto de vista jurídico y tecnológico.
En Argentina, los conflictos entre plataformas de movilidad y gobiernos locales suelen resolverse mediante ordenanzas, regulaciones específicas o decisiones judiciales, más que mediante bloqueos generales de servicios digitales.
Además, cualquier medida de este tipo podría generar debates sobre competencias entre organismos nacionales, provincias y municipios, así como sobre el acceso a servicios digitales por parte de los usuarios.
En paralelo, Uber y DiDi continúan expandiendo sus operaciones en distintas ciudades argentinas, donde los marcos regulatorios difieren significativamente entre una jurisdicción y otra. En algunos distritos funcionan bajo regulaciones específicas, mientras que en otros mantienen conflictos administrativos o judiciales.
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