Un fiscal pidió que el intendente de San Martín, Fernando Moreira, sea detenido. Ya tiene la prohibición de salir del país, pero la Justicia pide más.
El intendente kirchnerista de San Martín, Fernando Moreira, está cada vez más complicado en una causa que investiga la Justicia sobre una serie de contrataciones irregulares dentro de la municipalidad y el dinero que reposa en su cuenta bancaria.
En ese contexto, en las últimas horas el fiscal federal de San Martín, Paul Starc, pidió la detención de intendente y de otras cinco personas.
Cabe recordar que el viernes pasado, la municipalidad de San Martín había sido allanada en búsqueda de documentación y se le prohibió al salida del país al jefe comunal. Sin embargo, la Justicia considera que el intendente debe quedar detenido.
Además, también es importante recordar que Moreira, que responde políticamente a Unión por la Patria, es la mano derecha de Gabriel Katopodis, a quien sucedió en la intendencia cuando este fue designado como Ministro de Obras Públicas en la gestión de Alberto Fernández.
En la causa se investiga falsificación de documento público y defraudación a la administración pública.
La realidad es que la fiscalía ya había pedido su arresto, pero esa detención fue denegada por la jueza Alicia Vence. Sin embargo, el fiscal Starc apeló ante la Cámara Federal de San Martín para lograr así que los arrestos (del intendente y de las otras cinco personas) se puedan concretar.
“La medida de coerción resulta necesaria y su no otorgamiento causa perjuicio a la investigación” , dice el fiscal Starc en solicitud, en la que pidió la detención de:
Fernando Moreira
José María Fernández
Héctor Rey
Lorena Altamira
Marta Beatriz Pastor
El pedido es porque el fiscal presume que los imputados podrían destruir pruebas u obstaculizar la investigación en marcha.
Para el fiscal existió el delito de administración pública y falsedad ideológica y responsabilizó a Moreira como intendente; a Fernández, jefe de gabinete; a Rey, director de administrador de personal, por haber firmado el decreto que nombró al personal irregular investigado.
La causa investiga la contratación de presuntos empleados fantasmas en la municipalidad y el uso de las tarjetas de débito, un caso similar al de “Chocolate” Rigau en la Legislatura bonaerense.
La causa se inició en diciembre pasado cuando un hombre denunció que cobraba un plan social del Ministerio de Desarrollo Social y le fue interrumpido.
El motivo es porque cobraba como empleado municipal unos 300 mil pesos por parte de San Martín y le era incompatible la percepción de un plan social.
Ese fue el puntapié de la investigación que derivó en descubrir que una persona del municipio de San Martín tenía varias tarjetas de débito y retiraba el dinero de los empleados en un cajero cercano al Concejo Deliberante.
Así es que personas con desconocimiento total figuraban como empleados del municipio y en nombre de ellos se cobraban salarios como supuestos trabajares del mismo.