La norma modifica el Código Procesal Penal y la Ley de Ejecución Penal con el objetivo de "reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de delitos, evitando la revictimización y asegurando un acompañamiento efectivo durante el proceso".
“Hoy, aprobamos una ley tan ansiada por familiares de víctimas de delitos, de violaciones a los derechos humanos, de madres y padres que perdieron a sus hijos. Con un trabajo mancomunado con la oposición, demostramos que estuvimos, estamos, y estaremos al lado de los que más lo necesitan, que son las familias de las víctimas”, agregó el senador.
“De esta manera, le damos el derecho a los familiares de víctimas ante cada juicio, para que los jueces, previo a emitir algún tipo de morigeración de pena, notifiquen a las víctimas o a los familiares”, destacó Pallares.
La norma también crea el Observatorio de Víctimas de Delitos dentro de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, un organismo de "monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familias y entornos".
Estará integrado ad honorem por víctimas de delitos, asociaciones civiles o fundaciones, familiares, representantes de la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, el Senado y la Cámara de Diputados, con un total de seis legisladores.
La ley prevé también que durante la ejecución de la pena, la víctima tiene derecho a ser informada sobre las salidas transitorias, el régimen de semilibertad, la libertad condicional y la prisión domiciliaria, entre otras medidas de seguridad.
Asimismo, se incorporó que aquellas víctimas que deseen no ser informadas ni notificadas de tales cuestiones, podrán manifestarlo y este derecho deberá ser respetado.
Finalmente, el legislador de Lanús reiteró que “en la actualidad un fiscal o un juez que pone en libertad a un preso no le avisaba a las víctimas; con esta ley, las víctimas o familiares serán notificados y su voz será tenida en cuenta para la consideración final”.
