Entre los incentivos vigentes figuran la deducción especial del 70% en el Impuesto a las Ganancias (Ley 22.431), la prioridad en compras del Estado nacional y provincial (Ley 25.689 y Ley 10.592), la desgravación del 50% de las remuneraciones nominales como pago a cuenta de Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires, y la reducción del 50% en las contribuciones patronales a la seguridad social por hasta tres años (Ley 24.013).
Además, el marco normativo garantiza la cobertura médica obligatoria mediante las obras sociales —las cuales no pueden rechazar la incorporación de trabajadores con discapacidad— y prohíbe explícitamente a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) aplicar sobreprimas o discriminar condiciones por la condición física del empleado asegurado.
La supresión de estos estímulos y la penalización de la doble percepción de ingresos amenazan con desincentivar drásticamente la contratación corporativa, destruyendo puestos de trabajo formales en un contexto recesivo donde la inclusión socioeconómica vuelve a quedar en el centro de la disputa parlamentaria.
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