Prisión domiciliaria: qué es, cuándo se concede y qué implica
La condena a Cristina está firme, pero la ejecución de la pena depende de los jueces de Ejecución Penal, que deciden si corresponde prisión común o domiciliaria. Según la Ley 24.660, vigente desde 2008, hay seis supuestos para otorgar arresto domiciliario: enfermedades que impidan un tratamiento adecuado en la cárcel, discapacidad grave, mujeres embarazadas, madres de menores de 5 años o personas con discapacidad, y detenidos mayores de 70 años.
CFK, que cumplió 72 años en febrero, podría acceder a este beneficio por su edad, aunque la ley aclara que no es automático: el juez debe analizar cada caso, incluyendo condiciones de salud, riesgo penitenciario y circunstancias personales. El experto Gustavo Platt, ex Procurador Penitenciario, explica que durante la prisión domiciliaria la persona puede trabajar, recibir visitas y usar dispositivos electrónicos, siempre que respete la permanencia en su domicilio.
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Cristina, por tener más de 70 años, podría pedir arresto domiciliario. Menem es el único expresidente con ese antecedente, tras su condena por tráfico de armas en 2001.
El único expresidente con prisión domiciliaria fue Carlos Menem, condenado en 2001 por la causa de venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Menem, en ese momento también mayor de 70 años, cumplió 167 días en arresto domiciliario en una quinta en Don Torcuato, propiedad de un amigo. Su esposa, Cecilia Bolocco, fue garante judicial. Finalmente, la Corte Suprema ordenó su liberación al dictaminar que los delitos cometidos por funcionarios no encajaban en la figura de asociación ilícita.
Hoy, ese predio ya casi no existe y fue usado como depósito de autos. La historia de Menem abre un posible camino para Cristina, aunque será la justicia la que defina si puede quedarse en su casa o ir a la cárcel.
Mientras tanto, la ex presidenta está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, por lo que no podrá presentarse en las próximas elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Y aunque agotó todas las instancias judiciales en Argentina, podría acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para intentar revertir la condena.
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