Marina Charpentier, madre de Santiago, el músico apodad como 'Chano', fue muy clara desde la puerta del Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires. Si el presidente Alberto Fernández la ignora, es otro tema.
Frente a las cámaras y micrófonos de radios y canales nacionales, ella se solidarizó con "todas las mamás de todos los Chano que padecen esta tremenda adicción y que piden ayuda y no tienen respuesta".
Luego, sintiéndose culpable por el desenlace de aquella madrugada del lunes 26 de julio en el que un efectivo de la Bonaerense le disparó en el abdomen para neutralizarlo en medio del brote psicótico, explicó entre lágrimas: "Yo solo llamé a una guardia médica para que ayuden a mi hijo y sabían que se iban a encontrar con alguien que estaba mal. Yo solo pedí ayuda".
Entonces, hizo un pedido que es el pedido de todas las familias que sufren por un integrante con adicciones:
En varios actos de campaña electoral, el presidente Alberto Fernández reiteró que "quisiera ganarle" a los 2 períodos presidenciales de Cristina Fernández en materia de derechos.
“Fue uno de los más progresistas que ha tenido la democracia a la hora de otorgar derechos”, planteó. Y enumeró como logros de aquella gestión los avances en identidad de género, matrimonio igualitario, Asignación Universal por Hijo, Muerte Digna y reforma del Código Civil.
“Pero también soy consciente de todo lo que falta avanzar y la verdad es que quisiera ganarle a Cristina y que mi gobierno sea mucho más progresista que el de ella y de más derechos de los que dio ella”, aseguró.
Es el momento. El Estado debe darle urgente una respuesta a las familias y a los adictos. No se trata de Chano Charpentier, se trata de una deuda que ya lleva muchos años.
En 2010, el gobierno de Cristina Fernández sancionó una polémica ley de salud mental aplaudida por el todo el arco progresista pero que no se ajustaba a la realidad Argentina. De hecho, la propia Cristina demoró casi 3 años en reglamentarla y muchas provincias no adhirieron a la norma. La aplicación de esa ley implicaba un fuerte perjuicio para los centros privados por la disposición de fijar un límite máximo de camas o evitar las internaciones. Todo esto mientras el sector público se mantuvo precarizado y saturado. En noviembre de 2018, Macri envió al Congreso un proyecto para modificar la ley 26.657 pero su tratamiento no avanzó.
Estupideces de la grieta que tanto perjudica a una sociedad duramente golpeada por la inoperancia de la dirigencia política, la Argentina da vergüenza a nivel regional con la ley que hoy rige.
Pero es momento de recordar el reclamo de obispos y curas villeros, quienes en 2018 convocaron a una verdadera Ley de Adicciones. Alberto Fernández tiene la oportunidad histórica de ponerse al frente y resolverlo. Tal vez, hacía falta el caso de alguien reconocido para que esto tome estado público.
¿Qué está haciendo la sociedad contra las adicciones? ¿Cuál es la política de Estado para la recuperación de adictos? En el caso de la drogadependencia, ¿toda la respuesta del Estado es la insuficiente y tergiversada Ley Nº 26.657, de Salud Mental? Sería lamentable, por cierto, que la respuesta fuese un Sí.
Ante la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que preside Silvina Frana (Frente para la Victoria-PJ), el sacerdote católico apostólico romano José María Di Paola alertó que existe una “naturalización del consumo” y que “la proyección de la marihuana en los chicos es bastante alta”.
"Los chicos no tienen ningún tipo de respuesta”, señaló y consideró que “hay que dar un paso más que un decreto” y avanzar en “una ley que pueda profundizar una propuesta práctica y concreta; que contemple todas las realidades”.
Di Paola coordina la Comisión Nacional de la Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Iglesia Católica, y él cuestionó la falta de oportunidades en los barrios, que provoca muchas veces la aparición de “soldaditos”, y expresó que los jóvenes están “con un futuro hipotecado”.
“Son muchísimas las vidas que están en peligro”, agregó.
Pablo Vega, de la Corriente Clasista y Combativa y del proyecto “Ni un pibe menos por la droga”, detalló que en los últimos 5 años “el consumo de drogas aumentó un 300%” y “8 de cada 10 pibes que salen a robar lo hacen para consumir”.
“Necesitamos una ley que represente a nuestro sector y a los pibes”, enfatizó Sebastián Sánchez, de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), quien destacó que las iglesias junto a las organizaciones sociales son actualmente los únicos que llevan adelante una política pública para atender a los jóvenes “ni-ni”.