El Gobierno de Santa Fe presentó una demanda a la Corte Suprema de Justicia contra Nación por el déficit de la Caja de Jubilaciones.
SANTA FE. La provincia envió una demanda a la Corte Suprema de Justicia para que el gobierno nacional restablezca los anticipos mensuales automáticos que hacia la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con la Caja de Jubilaciones de los estatales.
Por medio de la vía judicial, la administración que lidera el gobernador, Maximiliano Pullaro, cuestiona la constitucionalidad del artículo 18 del Decreto N° 280/2024, que dispuso de manera "inconsulta e intempestiva" el cese de esos pagos.
Sobre esa línea, además exige que se establezca una medida cautelar que reponga esas transferencias con las que el presidente, Javier Milei, debe cumplir por acuerdos que datan desde hace más de tres décadas entre el Estado y las provincias que no transfirieron sus cajas.
Cabe recordar que, en la década de 1990, Nación redujo el envío de recursos coparticipables a las provincias y a cambio se hizo cargo de jubilaciones provinciales. Si bien hubo provincias, como Santa Fe, que no cedieron sus cajas, de igual manera se vieron afectadas por la reducción presupuestaria. En base a ello, los acuerdos firmados para equilibrar cuentas y compensar lo que las provincias perdían, establecieron que Nación cubriera los déficits de las cajas no transferidas.
Los recurrentes incumplimientos del Gobierno con Santa Fe terminaron judicializándose: denuncian que la deuda entre enero y junio con la Caja de Jubilaciones alcanzaría los $ 70.000 millones.
En esa cifra se incluye lo que la Provincia dejó de percibir por pagos que desde 2020 Nación realizaba, pero bajo estimaciones de ejercicios anteriores, que por lo tanto iban desacoplados de valores actualizados.
A todo ese cuadro perjudicial para los intereses de Santa Fe, se sumó el Decreto ya mencionado de la actual gestión nacional, que en su artículo 18 dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la Ley de Presupuesto 2023.
Allí se fijó que ANSES "transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas".
A su vez, que "cada anticipo mensual debe realizarse de acuerdo a las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino".
La política de Milei para alcanzar el equilibrio fiscal pone en vilo a los territorios regionales, entre ellos el santafesino. Pese a que Pullaro le facilitó los votos de sus legisladores para la aprobación de la Ley Bases, y también firmó el Pacto de Mayo, el libertario no envió los recursos discrecionales recortados desde diciembre.
El corte abrupto de transferencias generó una deuda de casi $ 70.000 millones de enero a junio. A continuación el detalle:
* Enero: $8.711.439.249,00.
* Febrero: 8.711.439.249,00.
* Marzo: $11.079.208.437,00.
* Abril: $12.464.109.491,00.
* Mayo: $13.847.625.645,00.
* Junio: $15.070.370.989,00.
Respecto a esta situación, el gobernador santafesino fue que decidió elevar las acciones al máximo organismo judicial de la Nación.
"La ausencia de fondos ya por medio año, sin ninguna previsión de restablecimiento de estos, más el incremento mensual de las necesidades financieras de la caja, más el objetivo contexto de emergencia de la provincia, determinan una situación que exige, necesariamente, una medida urgente que permita hacer frente a las necesidades previsionales. Es decir, no se trata de cubrir gastos suntuosos e innecesarios, sino de cumplir con los haberes de jubilados", señala el comunicado.
Según los últimos datos oficiales publicados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, en noviembre de 2023 había 100.356 beneficiarios en la provincia, de los cuales 76.425 son jubilaciones y 23.931 pensiones. Allí se incluyen todos los empleados estatales, desde policías, docentes, administrativos, como así exmagistrados o exministros de la Corte.
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