Un peligro silencioso que avanza
Los fundamentos del proyecto se apoyan en una estadística demoledora que enciende las alarmas en escuelas del conurbano y del interior bonaerense.
Según datos oficiales de la SEDRONAR, el 35,5% de los estudiantes secundarios de entre 13 y 17 años consume vapeadores o cigarrillos electrónicos, convirtiéndose en una de las sustancias de mayor consumo en esa franja etaria.
La legisladora radical afirmó que las estrategias de promoción de las empresas que comercializan estos dispositivos están fríamente calculadas para captar adolescentes.
Además la normativa es especialmente severo con el universo digital, el hábitat natural donde se promocionan vapeadores, cigarrillos electrónicos y bolsitas de nicotina, prohibiendo cualquier acción de marketing, patrocinio o publicidad a través de redes sociales, plataformas de streaming e Influencer.
Tampoco se permitirá la venta mediante aplicaciones móviles o plataformas de comercio electrónico si el destino final es la provincia de Buenos Aires.
Multas millonarias
image
Alejandra Lordén, presidente del bloque UCR- Unión Cívica radical.
De convertirse en Ley, quienes la infrinjan deberán hacer frente a multas millonarias, clausuras temporarias e inhabilitación comercial.
Las multas se miden en Unidades Fijas (UF) vinculadas al precio de la nafta premium y contemplan castigos severos:
- Para infracciones graves, se estipulan multas de hasta 100.000 UF y la clausura temporaria del local.
- Si la venta es detectada hacia menores de 18 años, la penalización escala hasta un millón de UF, sumado a la clausura definitiva y la inhabilitación comercial por 5 años.
Se creará un Registro Provincial de Infractores que bloqueará la renovación de cualquier habilitación comercial.
Es de destacar que el proyecto estipula que lo recaudado por el cobro de las multas no irá a rentas generales de la provincia de Buenos Aires, sino que será destinado exclusivamente a programas de prevención de adicciones y salud adolescente.
También abre además un frente de control directo sobre la calle, dándole la potestad a los ministerios de Producción y de Salud bonaerenses para ordenar el decomiso inmediato y la destrucción de la mercadería sin derecho a indemnización.
A su vez, delega en los intendentes el poder de policía local para fiscalizar los comercios de cercanía, transformando la fiscalización en una herramienta de presión política territorial.
La iniciativa establece un plazo de adecuación de 30 días para que los comercios retiren su stock.
Por ahora, el proyecto de Ley, presentado por el bloque UCR- Unión Cívica Radical es una de las tantas iniciativas que esperan en mesa de entradas de la Legislatura bonaerense Por ahora, el proyecto de Ley, presentado por el bloque UCR- Unión Cívica Radical es una de las tantas iniciativas que esperan en mesa de entradas de la Legislatura bonaerense
Otras noticias de Urgente24
130 despidos, en puerta y tensión por el cierre de la empresa que proveía de pallets a toda la Argentina
PAMI: El Gobierno reconoció la "crítica situación financiera" y va por un salvataje
Millonaria condena a Mercado Libre y Andreani por cancelar una compra, mientras el producto duplicaba precio
Filtran supuestos audios íntimos de Milei y lo denuncian por revelar secretos
