A su vez, el jurista advirtió que ya existe “una total falta de cupos para el alojamiento de jóvenes no punibles”, incluso sin la nueva ley en vigencia. También señaló la ausencia de programas de seguimiento para los jóvenes y sus familias, lo que debilita cualquier política de contención.
En el plano judicial, el magistrado anticipó que la reforma podría generar un mayor volumen de causas en un sistema que ya opera con recursos limitados y con cargos vacantes sin cubrir.
Además, alertó sobre una mayor presión sobre el sistema penitenciario, recordando que muchos jóvenes, al cumplir 18 años, son trasladados a cárceles comunes por falta de institutos especializados. “Sin presupuesto para prevención y reinserción, lo único que va a traer esta ley es más castigo”, concluyó.
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