El fiscal de la Unidad de Balaceras pidió el secuestro de documentación relacionada a la portación, fabricación, comercialización y registro de armas de fuego y municiones ofrecidas en el comercio. Y ordenó la incautación del libro de registro de ventas al que obliga Anmac (el sistema no está digitalizado) más la documentación sobre la habilitación del comercio y el personal que trabaja en el mismo, detallaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), tal como consigna el diario El Ciudadano.
Además, la Justicia dará aviso a a la Anmac y a la Agencia Provincial de Prevención de delitos con arma de fuego por la posible existencia de un mercado negro. También pedirá a la Municipalidad de Rosario documentación sobre la habilitación de la armería Carmona.
Según trascendió, la investigación que lleva adelante la Unidad de Balaceras ya cuenta con pruebas que podrían considerarse contundentes: por ejemplo, uno de los clientes de la armería, registrado en la Anmac, se encontraba de vacaciones en la Costa Atlántica el día que se le adjudica una compra en el local. Algo similar pasa con otro cliente, que según el dato corroborado por el seguimiento del GPS de su celular, se encontraba fuera de la ciudad el día que supuestamente hizo una compra en Carmona.
Mayor control en el registro de armas
El subsecretario de la Agencia de Prevención de Violencia con Armas de Fuego, Lautaro Sappietro, dialogó esta mañana con la radio LT8 de Rosario y se mostró preocupado por lo sucedido, que es la antesala de las balaceras que sufren los ciudadanos cotidianamente. “Sostenemos que la Anmac debe tomar cartas y modernizar el sistema por el cual se anota la venta de municiones, que está atrasado: se usa un libro para anotar a mano”, aseguró.
“Hay que contar con un sistema que permita el lanzamiento de alguna alerta, como sucede cuando alguien realiza una transacción sospechosa. No puede ser que el Estado deje librado esto a la conciencia del armero. Y la dispersión normativa que existe es importante por no ser delito el vender municiones”, expresó Sappietro.
Y puntualizó: “Hace ocho meses propiciamos una ordenanza para que haya control del municipio, pero esa medida aún no está reglamentada. Trabajamos con algunos legisladores para presentar un proyecto de modificación del código penal en lo que a esto se refiere. Aunque se corra el riesgo de generalizar y meter en la misma bolsa a legítimos usuarios, sostenemos que tiene que haber un control férreo, en tiempo real”.
“Anmac comunicó que está en desarrollo un sistema que permita la trazablidad de la venta, pero acá estamos apremiados y necesitamos que se resuelva cuanto antes. Siendo el sistema tan complejo y el problema tan grave, es necesario que haya un trabajo mancomunado entre los tres niveles de Estado y la fiscalía: por primera vez se está poniendo el foco en la existencia del circuito ilegal y lo que llamamos ‘mercado gris’, donde el que vende tiene autorización y la usa para también vender ilegalmente. Son pequeñas operaciones, no tan sofisticadas, que permiten desviar material a circuitos ilegales. Por todo esto, el Estado no puede no conocer lo que pasa en una armería”, detalló el subsecretario de la Agencia de Prevención de Violencia con Armas de Fuego.
