En febrero pasado, la CSJN le ordenó al Gobierno nacional el pago de $15 mil millones a San Luis, en una sentencia sobre la retención indebida de fondos de la coparticipación. Entonces se esperaba que en los días siguientes la Corte adopte igual posición sobre Santa Fe.
El inminente pronunciamiento a favor de Santa Fe fue confirmado por el diario La Voz el 20 de febrero de 2019 por una fuente de la Corte, que dijo que la sentencia podría firmarse en el próximo acuerdo semanal, el martes siguiente, por los mismos tres que lo hicieron sobre San Luis: Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, a los que el Gobierno califica de “mayoría peronista” por sus fallos adversos a los intereses de la administración Cambiemos. Además, Rosatti y Lorenzetti son santafesinos.
Pero eso jamás ocurrió.
“Sólo resta que Santa Fe presente una documentación que tiene pendiente”, aseguró la fuente a La Voz de una de las vocalías del cuarto piso del Palacio de los Tribunales porteño, donde tienen sus despachos los cinco integrantes de la Corte.
Pasaron febrero y marzo, y el gobierno de Santa Fe esperaba para fines de abril el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
"El expediente está en condiciones de pasar a fallo el 11 o 12 de abril", aseguró el fiscal de Estado de Santa Fe, Pablo Saccone.
Pero tampoco pasó nada.
Y luego fueron las elecciones a gobernador en Santa Fe, donde cayó derrotado el socialismo y el peronista Omar Perotti fue electo gobernador, aunque la asunción será el 10 de diciembre. Quizás este dato haya influido en la Corte.
Luego, en agosto, ocurrió la PASO nacional que dio como virtual presidente a Alberto Fernández.
Entonces quedó en Santa Fe un próximo gobernador peronista a la espera de los fondos del fallo de la Corte y en Nación otro peronista que podría gobernar y tendría que afrontar esos pagos que ya nadie espera que realice Macri.
En el medio, Santa Fe firmó el Consenso bajo el acuerdo de encontrar una forma de pago en donde el Estado nacional cancele una deuda con la provincia de $ 80.000 millones.
Eso tampoco ocurrió.
Por último, luego del fallo a favor de San Luis por la coparticipación, quedó una cuestión pendiente: el acuerdo sobre los honorarios entre el gobierno de Santa Fe y los abogados defensores de la provincia, los estudios de Ricardo Gil Lavedra y el que entonces compartían Carlos Rosenkrantz y Gabriel Bouzat. Todo eso quedaría para los tribunales santafesinos y bajo otra administración provincial.