Desde ese momento el nuevo convenio fue el blanco de grandes polémicas. Es que las ganancias de la empresa no sólo se incrementaban por la variación del canon, sino también por la mayor cantidad de máquinas. Cuando se empezaron a sacar las cuentas, quedó claro que los $3 millones invertidos por la empresa serían recuperados en unos pocos meses.
“Ahora hemos logrado reducir del 47%, que estaba firmado en el convenio anterior, al 43,85% el porcentaje de ingreso -fuera de los premios- para la empresa Mendoza Entretenimiento y hemos estipulado un plazo de 8 años de explotación”, dijo Bianchinelli.
La diferencia del 7% durante 1 año, que acumuló $6 millones, el Casino la reconoce, y dice que se sentará a hablar con los titulares de la empresa para resolver la deuda.
Carlos Bianchinelli confirmó que la concesión de las máquinas tragamonedas del Casino de Mendoza le seguirá perteneciendo al grupo Vila-Manzano. Aseguran que la Corte tendrá la última palabra sobre el acuerdo.
"Queremos evitar un proceso judicial. Ustedes saben lo que al Estado le cuesta ganar juicios", explicó el titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), Carlos Bianchinelli, a los periodistas en conferencia de prensa. Con este objetivo, el funcionario oficializó la prórroga del polémico contrato de concesión de las máquinas tragamonedas por parte del grupo Vila-Manzano.
El convenio -aseguró junto a Federico Domínguez, uno de los directores del casino- deberá ser homologado por la Suprema Corte provincial. "Hemos podido llegar a un acuerdo firmando un nuevo convenio, con un nuevo plazo y un nuevo canon, con el aval del fiscal de Estado -Javier Fernández- y con las recomendaciones que nos dio la Comisión Especial de Políticas de Juego", celebró Bianchinelli al ser consultado por la prórroga del cuestionado contrato en la Cava del Casino de Mendoza.
Vila por 8 años más
A fin de "terminar con el litigio" que mantiene el Gobierno con el grupo Vila-Manzano, el titular del IPJyC explicó que se prorrogará por 8 años el contrato vigente con un canon -para la empresa- del 43,85% de los ingresos de los tragamonedas.
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Además de resaltar que "no hay perjuicio alguno para las arcas del Estado provincial" así como tampoco "hay irregularidad alguna" en el sospechado contrato, Bianchinelli aseveró que el canon convenido está "por debajo del 47%" que el grupo Vila-Manzano había exigido en la renegociación anterior, durante el gobierno de Celso Jaque y la gestión de Daniel Pereyra en el IPJyC.
Antes de esta renegociación que levantó varias sospechas, Mendoza Central Entretenimientos -la empresa concesionaria de los Vila-Manzano- cobraba un canon del 26% de los ingresos de los tragamonedas.
Con el visto bueno de Jaque, pasó a cobrar -no el 47% exigido por Vila-Manzano- el 40,09%, a pesar de que, el poderoso grupo, continuó reclamando el pago completo. Ahora bien, con esta nueva renegociación, Bianchinelli dijo orgulloso: Hemos logrado bajar el canon en 3,15 puntos -del 47% exigido, al 43.85%-".
Bianchinelli explicó que "no puede bajarse más" el canon porque, de hacerlo, la empresa no tendría su correspondiente ganancia y que, por esa razón, de aquél 26% pasó al 43,85% actual.
"El canon no se puede bajar más porque no le da la ecuación económica a la empresa; es decir, de 8 años deberías irte a 15 años. Lo pusimos dentro de la franja de los demás operadores. La ecuación de $ 60 millones que hizo Mendoza Central Entretenimientos tiene que tener su recupero y ganancia como cualquier empresa", explicó Bianchinelli a la web MDZ Online.
Bianchinelli en la Cava del Casino de Mendoza, dando detalles del nuevo convenio. Justificó, asimismo, el cobro de la empresa en la "inversión" y "modernización" que, gracias a los Vila-Manzano, se ha logrado en el Casino de Mendoza.
"Había 300 máquinas obsoletas, el Casino de Mendoza estaba en último lugar, se corría riesgo de perder personal, no había promociones y tampoco se podía competir con los otros monstruos -Enjoy, Regency, Arena, Winland-", esa era la situación, según describió Bianchinelli, cuando el canon se ubicaba en el 26%.
En ese contexto, la empresa dijo 'yo te invierto pero si me levantás el canon'", así justificó el titular del IPJyC la duplicación en el porcentaje del canon.
El actual contrato de concesión del servicio de los tragamonedas vencía en 2014; sin embargo, Bianchinelli aseguró que hubo una confusión y que el propio fiscal de Estado había indicado que la prórroga de los 5 años debía hacerse de modo bilateral.
"Se malinterpretó que le quedaba un año -al contrato- y el fiscal había dicho que la forma en que se había planteado la prórroga de 5 años se tenía que renegociar entre ambas partes; es decir, en un convenio bilateral", fue la explicación de Bianchinelli.
"Vamos a pagar la deuda a Vila"
Entre el 47% de canon que la empresa viene exigiendo y el 40.09% que, hasta la fecha, el Estado provincial ha pagado, hay una diferencia que, pesos más pesos menos, ronda los $6 millones.
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Según indicó Bianchinelli, esta deuda será saldada al grupo Vila- Manzano, procurando -advirtió- no resentir las arcas provinciales.
"Los $6 millones o $5 millones, que entiendo son cerca de $550.000 mensuales, en promedio ya que está sujeto a la recaudación, nos vamos a sentar con al gente de la empresa a los efectos de buscar un modo de pago. Atendiendo, así a lo que el fiscal nos dijo, que 'hay que pagarlo'. Por supuesto, sin que provoque impacto en las arcas del IPJyC", respondió el titular del IPJyC.
En todo momento, Bianchinelli negó que, con el contrato renegociado, exista perjuicio económico para la provincia. "Si la empresa no invirtiera... sería otro el caso; pero lo cierto es que de 300 máquinas viejas hoy tenemos 569 modernas y a partir de esta renegociación podremos exigirle a la empresa, desde 2015, la incorporación de 281 máquinas más", postuló Bianchinelli.
Planes de salud, pagos al día como agente de retención de IIBB, promoción, subsidio para bibliotecas públicas, entre otras cuestiones, es lo que enumeró el responsable del IPJyC como ejemplos de que el "perjuicio económico" no existe.
Irritado, Bianchinelli negó haber pisado, alguna vez, la casa del magnate del Multimedios UNO, Daniel Vila, entre otras compañías. "Quiero terminar con berretas y chicanas de algunos medios que por intereses que desconozco hablan de negociados y reuniones en la casa de Vila. Jamás en mi vida tuve una relación con el grupo Vila Manzano, ni en los 10 años que estuve en la Legislatura. Salvo, claro, con los periodistas de sus medios", lanzó Bianchinelli.
Según el titular del IPJyC el nuevo contrato tiene el aval del fiscal de Estado, Javier Fernández, y de la Comisión Especial de Políticas de Juegos del Senado; sin embargo, dijo que no se pondrá en vigencia, hasta tanto, obtenga el visto bueno de la Suprema Corte provincial.
"El martes se tratará en el directorio para ver si se acepta o no; con la firma de Domínguez, entendemos que será aceptado. Ese mismo día, llegará a la Corte y ahí dependerá de sus tiempos, la homologación o no del contrato", cerró Bianchinelli.
