Una investigación que realiza OPI desde hace varios meses en el área petrolera, arroja resultados llamativos, más aún ante la situación de dominio público, donde el empresario Lázaro Báez está en el ojo de la tormenta y del cual hasta el propio gobierno de la provincia trata de despegarse, mediante declaraciones del propio gobernador Peralta.
Es que, de acuerdo a documentación que obra en nuestro poder, entre ella el contrato firmado con Epsur y el Instituto de Energía de la provincia, la empresa petrolera debía ceder al estado provincial una serie importante de elementos que (en teoría) se afectarán a tareas de control, situación que está normada por un Decreto del PE y a pesar de resultar incongruente que un controlado (empresa) le dé los medios al controlador (Estado), para que éste lo controle, no es ilegal el hecho en sí (está autorizado), pero es irregular el uso que en este momento desde la provincia le están dando a muchos de esos bienes.
En principio debemos decir que en medio de la investigación nos encontramos con una multa que desde el Instituto de Energía le hicieron a Epsur por la suma de 800 mil dólares, por incumplimiento de contrato. Lo extraño, es que pudimos corroborar que de ese dinero Epsur solo abonó 40 mil dólares y cuando consultamos sobre el particular al Presidente del IE (Instituto de Energía) Juan Antonio Ferreiro, reconoció ambas cifras pero no pudo explicar en forma convincente en qué marco se dio la reducción significativa del pago de Epsur.
De acuerdo al contrato que obra en nuestro poder Epsur-Misahar se comprometió a entregar a la provincia 7 camionetas Hilux 4×4, equipada, 3.0, doble cabina con jaula antivuelco, equipo de radio VHF, dos ruedas de auxilios, caja de herramientas y 4 neumáticos para hielo, entre otros accesorios del equipamiento y de acuerdo al documento, la distribución es la siguiente:
La empresa Misahar entregó 4 camionetas, para las áreas El Turbio, El Turbio Este, Meseta Cerón Chico y Tapi Aike y Epsur entregó tres camionetas para “controlar” las áreas Paso Fuhr, Río Guenguel y Sur Río Deseado. En la mayoría de los entregados figuran a nombre de Austral Construcciones SA, entre ellas los vehículos registrados con patente KFW-957, KHI 300, HJX 172, KET 181.
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Para control o uso particular?
Partiendo de la base que ya no es claro el hecho de que la provincia, encargada de controlar a las petroleras, acepte de las empresas una importante cantidad de medios, entre ellos vehículos, para realizar esos controles, nuestra investigación nos llevó a corroborar que se hace un uso indebido de al menos las camionetas cedidas por Epsur-Misahar y a continuación vamos a determinar algunas de esas irregularidades detectadas:
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- Se ha comprobado que el hijo de Ferreiro, quien cumple tareas dentro del IE en el área denominada “Calidad” (inexistente en el organigrama) con un sueldo de $ 19.000 mensuales, hace uso de una de estas camionetas que carecen de identificación de la empresa, está polarizada y se lo ha podido fotografiar en El Calafate y El Chaltén, lugares que están muy lejos de las áreas petroleras.
- Se ha podido establecer que Austral Construcciones SA pone a disposición de cada camioneta la cantidad de 600 litros mensuales de combustibles, autorizando la carga en las estaciones de servicios del interior provincial donde la constructora tiene cuenta corriente.
- Se tiene conocimiento que varias de las camionetas en cuestión cargan combustible en la base que Austral Construcciones SA tiene en Río Gallegos, sobre la autovía de ingreso y se ha constatado que el hijo de Ferreiro utiliza combustible de la cuenta de Austral, cuando viaja por el interior por cuestiones de esparcimiento y vacaciones, tal es el caso de El Calafate o Chaltén.
- Una fuente de la empresa, a la que consultamos sobre aspectos del contrato mencionado, señaló que en oportunidad de aportar las 7 Hilux acordadas en el contrato, desde Gobierno “pidieron” que se cambiaran dos Hilux por una Murano” y que dicha camioneta es la que utiliza personalmente el gobernador Daniel Peralta patentada bajo dominio JZL 884. Curiosamente hace tres días Peralta “visitó” la redacción del diario Prensa Libre, propiedad de Báez.
El 17 de noviembre de 2006 el gobierno de Santa Cruz llamó a licitación nacional e internacional de quince áreas petroleras. La apertura de los sobres se hizo con una rapidez inusual, solo 23 días después, contra los 60/90 días que demanda elaborar las ofertas. En febrero de ese año quedó todo cerrado y las áreas en manos de dos personas: Cristóbal López y Lázaro Baéz.
OIL M&S y Epsur-Misahar se quedaron con las áreas de la cuenca austral por 25 años y una proyección de más de 150 millones de dólares. Ninguna hizo las inversiones comprometidas y de ahí que OPI pudo comprobar la existencia de esta “multa” exigida por el IE de la provincia, que demandó por 800 mil dólares y terminó cobrando 40 mil.
A Oil M&S, el gobernador Peralta dijo que “le retiraron las áreas”; en realidad Cristóbal López sigue con las áreas a su cargo, por cuanto interpuso un amparo que podría definirse más allá del 2015. Es decir, OIL en ningún momento se fue de la provincia. También debemos decir que en el caso de Cristóbal, de acuerdo al contrato labrado con la provincia, cedió 5 camionetas, en el marco de legislación que exige a las empresas que “colaboren” con el Estado para que éste efectúe el control.
En próxima nota, abordaremos la situación de Roch, petrolera que a pesar de no haber invertido lo acordado, le fue renovada la licencia para explotación de las áreas y sobre la cual se ciernen sospechas de corrupción en la Legislatura y un gran número de irregularidades en cuanto al control, inversión y producción.
