En tanto,
Cadena 3 informó que el ministro de Agua, Ambiente y Energía de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo, le envió una carta documento a Julio De Vido, ministro de Planificación Federal con motivo de informarle que las antenas de la Televisión Digital ubicadas en Río Cuarto, Villa María, Leones, Villa Dolores y Malagueño y sus respectivos montajes son irregulares y que sobre ellas pesa un cese preventivo y precautorio, emanado de la carteta que preside, por ser autoridad de competencia.
En su misiva Calvo sostiene que los funcionarios nacionales han instalado y puesto en funcionamiento antenas que no han cumplido con los requisitos establecidos en la Ley General del Ambiente (N° 7343) y su Decreto Reglamentario (N° 2131) de esta provincia, en línea con “la actitud autoritaria y patoteril que caracteriza al Gobierno Nacional”.
No obstante, lo invita a cumplimentar con los requisitos legales para que las antenas puedan ser habilitadas.
El texto:
“Habiendo tomado conocimiento que v/ gobierno, amenaza con iniciar acciones judiciales para lograr la habilitación de las antenas de TD (Estaciones digitales Terrestres) ubicadas en las ciudad de Río Cuarto, Villa María, Leones, Villa Dolores y la localidad de Malagueño, cumplo en informarle que dichas antenas y sus montajes son irregulares, y sobre ellas pesa un cese preventivo y precautorio, emanado de autoridad competente.
Tal cual es la característica de v/ gobierno, en forma arbitraria y patoteril, v/ funcionarios han instalado y puesto en funcionamiento antenas que no han cumplido con los requisitos establecidos en la Ley General del Ambiente (Nro. 7343) y su Decreto Reglamentario (Nro. 2131) de esta provincia. Es más, ni siquiera los han solicitado.
Antes que agraviarnos, politizar la irregularidad que han cometido, y amenazarnos, es preferible que cumplimenten los requisitos legales, y en tal caso las antenas podrán ser habilitadas."
Corte Suprema
En tanto,
La Voz del Interior, anticipó que el gobernador José Manuel de la Sota podría anunciar mañana (viernes 01/02), en su discurso de apertura de las sesiones legislativas, que en los próximos días concretará la postergada presentación ante la Corte Suprema contra la retención del 15% de la coparticipación que el Gobierno nacional le hace a la Provincia para el sistema previsional federal.
La decisión pendiente desde mediados del año pasado, cuando el delasotismo aprobó una ley que facultó al Ejecutivo para denunciar el Pacto fiscal de 1992, formaría parte de los reclamos y cuestionamientos que De la Sota le dedicará a la administración de Cristina Fernández, en su informe de gestión ante la Legislatura.
El mandatario provincial ya había anunciado que reclamaría el 15% de la coparticipación que retiene el Estado nacional, en noviembre del año pasado. “En los próximos días –le dijo al diario en ese momento– iremos a pedir que nos devuelvan la coparticipación; la Anses hace casi dos años que no nos envía un peso”.
Sin embargo, la presentación que fue elaborada por el fiscal de Estado, Jorge Córdoba, con la asistencia del estudio García Lema, nunca llegó al máximo Tribunal nacional.
Un funcionario provincial con acceso libre al despacho del gobernador explicó ayer que la demora “fue parte de la estrategia jurídica” que no puede no contemplar que la Provincia ya tiene en la Corte otros pleitos contra la Nación a la espera de sentencia.
Se trata del reclamo por los $ 1.040 millones que la Nación no transfirió en el año 2011 a la Caja de Jubilaciones de la Provincia, incumpliendo lo convenido por ambas administraciones.
Además está “a fallo” el expediente presentado por el Gobierno nacional contra la decisión de la Provincia de aplicar una tasa vial al consumo de combustibles líquidos.
