Como se informó ayer Goye no sólo será corrido por los saqueos, sino que además el proyecto de revocatorio prevé otras causales en caso de que aquella falle.
Entre ellas, las ausencias recurrentes por viajes; el manejo de una caja chica municipal de manera “irregular”; el pago retroactivo a funcionarios en el inicio de su gestión; la “falta de transparencia”; la ampliación de la planta de contratos políticos; el incremento en los valores de las compras directas; el aumento de los viáticos para funcionarios. Además, por supuesto, de la actuación del jefe comunal antes y durante los saqueos.
La extensa deliberación no estuvo exenta de tensiones ya que los concejales del FpV, el FG y el PVC recibieron amenazas personales graves, por teléfono y mensajes de texto, a la par de agresiones e insultos anónimos y la contraofensiva de Goye pidiendo la revisión de sus mandatos.
El proyecto de ordenanza 278 logró ingresar a la mesa de Entradas pasadas las 16, según el diario 'Río Negro'.
En un segundo intento de contragolpe, el intendente se anticipó a la iniciativa planteada contra su gestión y pidió la apertura formal del proceso de revocatoria para 7 concejales, integrantes de los bloques del FpV, el FG y el PVC (ver nota relacionada).
La sesión extraordinaria de hoy prevé medidas de seguridad especiales por el grado de agresión reflejado en las amenazas y pintadas que circularon mientras los concejales daban las puntadas finales al proyecto.
De hecho se resolvió que la sesión sea a puertas cerradas pese a que el secretario Privado, Oscar Borchichi, anticipó la decisión de pedir que se garantice el acceso a todo público. El funcionario, que ayer concurrió varias veces a la sede del Deliberante para seguir de cerca la definición del demorado proyecto, advirtió que "esto es una batalla y la vamos a dar hasta el final".
Para el gobernador Alberto Weretilneck la pelea tampoco es menor. Este funcionario junto al senador Miguel Pichetto se transformaron en los emisarios de la voluntad de la Casa Rosada tras los saqueos del 20 de diciembre. Tanto así que el mandatario provincial garantizó que su presencia será constante en la ciudad, mientras dure el proceso, que tendría hoy un desenlace anunciado.
El mandatario provincial encabezó ayer la entrega de 136 viviendas donde lamentó los "tiempos difíciles por la situación institucional que vive" el municipio y prometió mantener su presencia constante en la ciudad.
El mandatario tomó distancia del proceso de revocatoria de mandato que se definía en el Centro Cívico, que "está en manos de los concejales", aunque reconoció que mantendría algún contacto con los ediles antes de abandonar la ciudad para ver si necesitaban "alguna aclaración del gobierno".
Weretilneck compartió el palco con las legisladoras Arabela Carreras y Beatriz Contreras, el titular del IPPV, Luis Bardeggia y los concejales Alfredo Martín (FG), Mauro González (PVC), y Carlos Valeri, excandidato a intendente, que tuvo un inusual protagonismo...
El gobernador reconoció que no invitó a Goye por mantener una postura coherente con el pedido de alejamiento. "No hay que ser hipócrita en esto. Si uno está pidiendo que debe dejar el gobierno como se lo hemos dicho claramente, cara a cara, me parece que los gestos tienen que tener una coherencia y una consecuencia", destacó.
En su discurso, el gobernador sostuvo que "estos son tiempos difíciles por la situación institucional que se vive" en Bariloche y advirtió que "esto tiene que demostrar que cuando el pueblo deja en manos de unos pocos su destino el que sufre es el pueblo".
El pedido de una mayor participación de la ciudadanía estuvo dirigido indirectamente al posible llamado a referéndum que se abriría con el proceso de revocatoria de mandato a Goye. "Es una manera, por eso digo que el pueblo elige y el pueblo saca", resumió.
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* Primera causal: “ineptitud” por los “recurrentes ausencias por viajes”: “De doscientos cuarenta y dos días (242) hábiles del año 2012, permaneció mas de noventa días (90) días ausente de la ciudad, gran parte de ellos en la Ciudad de Buenos Aires, generando un gasto superior a los 75 mil pesos en viáticos. Mas allá de la oportunidad de tales viajes –de cuyos resultados y mérito el Sr. Intendente no ha dado publicidad ni a este Concejo ni a la Comunidad- debe estarse a que tal lejanía de su lugar habitual de trabajo impacta directamente sobre la regular administración del Municipio y, en su caso, denota una reprochable concentración de la gestión sobre la figura del Sr. Intendente”.
El Concejo cuestiona las ausencias por plazos mayores a cinco días -según los ediles habrían sido tres-, sin que se cumpla el requisito de pedir autorización al legislativo.
* Segunda causal: “Irregularidad en el desempeño de sus funciones”, en relación a la “disposición de fondos (manejo de caja chica municipal)”: “En cuanto al manejo de los fondos, surgen varias irregularidades. Con fecha 16 de noviembre el Intendente firma una resolución 2914-I-2012 en la que se dejan sin efecto las resoluciones que reglamentaban el funcionamiento de las cajas chicas y fondos permanentes. La nueva resolución dictada no reglamenta el funcionamiento de estos fondos incluso ampliando su monto con un tratamiento absolutamente irregular.
En función de ello el Tribunal de Contralor, advirtiendo dicha situación, envía la nota Nº 558-TC-2012 al Intendente Municipal, solicitando deje sin efecto esta nueva resolución que no fija una clara reglamentación del manejo de los fondos y hasta tanto establece la vigencia de la Ley Provincial 3186 de Administración Financiera y Control Interno del Sector Público Provincial, a los efectos de que no exista un vacío legal y un manejo discrecional del erario público municipal.
Sin embargo, hasta el día de hoy el Intendente no emitió una resolución que deje sin efecto la misma, por ende este accionar configura también la causal de irregularidad en el desempeño de sus funciones, la que también orilla la negligencia, puesto que la disposición de estos fondos sin sustento legal cubre de eventuales nulidades al ejercicio de la gestión con el consiguiente compromiso del erario público”.
* Tercera causal: “Negligencia para la consecución de recursos propios del Municipio”: El Intendente “no cumplió con lo establecido por la Ordenanza 901-CM-98, la cual reglamenta la contratación de la explotación comercial de la publicidad en la vía pública, por lo cual el Municipio ha perdido la oportunidad de recaudar fondos genuinos implicando esto una merma en los ingresos municipales respecto de años anteriores”.
Los concejales plantean dudas sobre el proceso de venta de publicidad en la vía pública y estiman en 4 millones de pesos las pérdidas por la regularización de este mecanismo.
Cuestionan la relación con la firma Outdoors Media S.R.L porque “no se realiza ningún acto administrativo (resolución) de desvinculación formal, como determina la normativa, ni se realiza el correspondiente control por la continuidad de la publicidad”.
“En el año 2011 el municipio recaudó por todo concepto de publicidad, pesos seis millones trescientos noventa y dos mil cuatrocientos veinte ($ 6.392.420) y en el año 2012 pesos dos millones trescientos setenta y siete mil seiscientos cuarenta y cinco ($ 2.377.645), por lo que el Municipio perdió recaudar más de pesos cuatro millones ($ 4.000.000), en un actuar claramente negligente. Todavía hay publicidad en la vía pública por la cual el Municipio no esta recibiendo el pago del canon correspondiente.
Se revela así, palmariamente, un perjuicio ostensible para el erario municipal que demuestra una absoluta negligencia plausible del reproche que barrunta sobre esta iniciativa institucional”.
* Cuarta causal: “Irregularidad en el desempeño de funciones. Posible comisión de delito de acción pública”, debido a la “irregularidad en los pagos a funcionarios”. Cuestionan los ediles el pago retroactivo a funciones, ocurrido a pocos días de asumir la gestión Goye, cuando se abonó a un grupo de colaboradores del Intendente por días en los que no estuvieron nombrados. Asumieron formalmente el 29 de diciembre de 2011, y se les abonó retroactivamente al 12 de ese mes. “Esta irregularidad fue observada por el concejo municipal, por medio de un pedido de informe el día 9 de febrero de 2012, puesto que incurría sobre la legalidad del gasto y de la gestión financiera y patrimonial de la Municipalidad, haciéndose notar en este punto que deberá remitirse copia de esta Resolución a la justicia penal provincial a los fines de evaluar la comisión de un delito de acción pública tipificado en el art. 261 del Código Penal (peculado)”..
* Quinta causal: “Irregularidad en el desempeño de funciones”, relacionada con el alquiler de un inmueble para el funcionamiento de oficinas: La contratación directa de es inmueble, por montos que superan lo establecido en el régimen para ese tipo de operaciones, evitando así el llamado a licitación, es el eje de la causal. “El contrato firmado por el Intendente municipal, representando a la Municipalidad y la Sra. María Lucia Murgich, representando la “Sucesión Murgich”, supera ampliamente el monto de una contratación directa, Licitación privada y pública ($105.000) establecido por dicha ordenanza, dado que el primer (1º) año se paga $30.000.- por mes, el segundo (2º) año $35.000.- y el tercero (3º) $40.000.-, es decir un total de $1.320.000.- por el contrato. Claramente debió instrumentarse una licitación pública para la concreción de esta contratación”.
* Sexta causal: “Irregularidad en el desempeño de funciones”, vinculado a la “falta de transparencia”. En este punto se cuestiona las limitaciones en el acceso a las resoluciones -información pública-, así como la judicialización contra algunos medios de comunicación: “En el mismo sentido, las acciones judiciales efectuadas contra algunos medios de comunicación por parte del Intendente Municipal ocasionaron, también, una restricción seria al derecho a la libertad de prensa y al derecho a la libertad de expresión que fueron receptadas negativamente por la comunidad”.
* Séptima causal: “Ineptitud en la administración del Estado Municipal”: Se incluyen varios puntos, como “incremento de la Planta de Empleados”; “incremento valor de viáticos y movilidad”; “incremento de Giro Bancario en Descubierto -el total de intereses y comisiones pagados hasta el 31-07-2012 ascienden a $1.033.842,92-”; “incremento de los valores para la compra directa”; “ncapacidad de formular equipos de gestión -la sola enumeración de la cantidad de nombramientos y posteriores renuncias que ha tenido el Sr. Intendente en apenas un año de gestión (ya han pasado por la misma mas de 90 funcionarios) revelan una incapacidad sustancial para la conformación del equipo de gestión municipal-”; “los hechos ocurridos el 20 diciembre”.
En tanto, la octava causal parece estar por llegar...
El ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo sostuvo ayer que hace "responsable a Goye de la integridad de concejales", en alusión a las amenzas que los ediles barilochenses recibieron en el marco de la votación de la revocatoria del mandato de Goye, prevista para hoy, y aseveró que los autores de las amenzas contra los ediles, pertencen al entorno del Intendente.
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El funcionario dice que dispone de información sobre la participación del entorno del intendente, y afirmó que “en los últimos días se registraron amenazas, intimidaciones y expresiones injuriantes vertidas hacia los Concejales de San Carlos de Bariloche a través de distintos medios como pintadas panfletos, llamadas telefónicas, mensajes de texto e incluso abordaje personalizado de algunos de los mismos”.
En este sentido, indicó el Ministro que “disponemos de información sobre la participación del entorno íntimo del Intendente Omar Goye, siendo identificados estos individuos como Antonio Alberto Carrillo alias “El Tony”, Oscar Guillermo Pereda alias “Conejo”, Sandra Cárcamo y Fernando Nuñez como partícipes en algunas de estas actividades”.
“Siendo obvia la conclusión de que estos no actúan de por sí, sino defendiendo los intereses del Jefe comunal, y con conocimiento de los antecedentes y modus operandi de algunos de ellos, hacemos responsable a éste de cualquier daño a personas o bienes, así como de disturbios o provocaciones con las cuales se pretenda amedrentar a los representantes comunales y coartar o impedir el normal desenvolvimiento de la sesión llamada para mañana”, advirtió Di Giácomo.
Para aprobar el proyecto se requieren ocho votos, sobre un total de once concejales. El número sería superado con el apoyo de dos concejales del Frente Social del Pueblo (una alianza entre el Partido Socialista y una fuerza vecinal), que se sumarán al Frente Grande, al Frente para la Victoria y al PVC.
La revocatoria se funda en el artículo 155 de la carta orgánica municipal, que establece el proceso para destituir a los funcionarios elegidos por el voto popular e incluye un período de defensa del intendente, de 10 días. Luego se prevé un referéndum popular, cuya fecha no fue fijada en el proyecto.
