"Esto va a generar mayor malestar. Toman esta medida para que nadie vuelva a protestar, justo cuando van a pagar sueldos de hambre", puntualizó.
El Gobierno había decidido dar marcha atrás con el decreto que provocó fuertes reducciones en los salarios, pero no resolvió los reclamos para blanquear los montos en negro ni evitar futuros recortes en los sueldos. Por eso el malestar en la fuerza persiste y podría estallar si siguen las sanciones.
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Ocurre que Sergio Berni, el secretario de Seguridad, les había prometido que no habría sanciones, pero no cumplió y se produjo el desplazamiento de los 10 oficiales principales de Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina y la denuncia penal de la ministro Nilda Garré contra esos 20 oficiales.
El 13/11 advertíamos en Urgente24 sobre el polvorín en Gendarmería porque después del pago de los salarios que desactivó la protesta, los sueldos de los integrantes de las fuerzas de seguridad siguen en el limbo.
El Gobierno accedió a pagar un mínimo de $6.500, de los $7.000 que exigían los integrantes de Prefectura Naval y Gendarmería Nacional, pero esa suma sigue en la irregularidad ya que no está especificado su carácter lo cual ya pone en alerta a los uniformados ante el nuevo cobro de haberes.
El motivo de esa concesión, desde el Gobierno, se debió a la idea de que si se hiciera la actualización en esas fuerzas habría un efecto dominó y surgirían reclamos de las policías provinciales y de otros empleados del sector público (como los docentes, por citar un caso) y de empresas estatales también alcanzados por los adicionales no remunerativos que se registran en toda la administración pública; son las famosas sumas en negro.