Y acá empieza lo más jugoso: el consorcio DirecTV–Torneos se terminó de cerrar prácticamente sobre la hora. Según la documentación, el acuerdo interempresario se firmó el 02/02/26, apenas días antes del cierre del proceso. Después, la escritura societaria completa se terminó de formalizar el 05/02/26, ya con el cronómetro corriendo.
Dentro de ese armado aparecen nombres repitidos en distintos tableros: Marcelo Wegbrait, Fabián Suffern y Ricardo Silbermins, directivos vinculados tanto a DirecTV como a Torneos y al grupo Werthein. Y en paralelo, aparece también Foggia Group, la productora de eventos asociada a Mara Gorini, figura clave del entorno de Karina Milei, que según distintas investigaciones ya había tenido presencia en eventos en Tecnópolis.
Karina Milei, Manuel Adorni y el entramado de vínculos que rodea la concesión
Acá el expediente deja de ser técnico y pasa a ser político puro. En el centro de la escena aparecen Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, y Manuel Adorni, jefe de Gabinete, bajo cuya órbita funciona la AABE. No hay imputaciones judiciales directas sobre la concesión, pero sí un entramado de vínculos que, cuanto menos, incomodan.
Uno de los puntos más sensibles es la presencia de actores empresariales que orbitan el mismo universo. En el caso de Foggia Group, su conexión con el entorno presidencial es directa: la empresa fue creada por Marcelo Dionisio, y tuvo como directora a Mara Gorini, mano derecha de Karina Milei. Incluso, según reconstrucciones periodísticas, algunos de los directivos que aparecen en el consorcio DirecTV–Torneos también tuvieron vínculos con estructuras asociadas a esa productora.
En paralelo, el expediente se cruza con otros nombres del ecosistema político y empresarial: los hermanos Nofal, vinculados a Torneos y Competencias; Marcelo Grandío, productor cercano al entorno oficialista; y Nicolás Pakgojz, funcionario que firmó el llamado al concurso y que aparece relacionado con el hijo del fiscal Taiano. En el medio, siempre aparecen conexiones cruzadas que terminan en el mismo circuito de decisiones.
El caso también vuelve a poner bajo la lupa a Adorni, no solo por su rol político sino por la estructura administrativa que depende de su área. En investigaciones previas ya se mencionaban conflictos de interés indirectos vinculados a su entorno familiar, incluyendo la consultora de su esposa, Bettina Angeletti, que tuvo relación comercial con Foggia Group. Nada de esto está judicialmente probado en relación directa con Tecnópolis, pero suma ruido en un contexto ya cargado.
En ese escenario, el proceso de concesión empieza a leerse con otra lógica. No tanto como una licitación aislada, sino como parte de un sistema donde actores empresariales, políticos y mediáticos se cruzan demasiado seguido en los mismos expedientes.
La política del "es demasiada casualidad"
Más allá de las interpretaciones, lo que deja el caso Tecnópolis es una sensación bastante concreta: el Estado avanzando en procesos de concesión acelerados, con actores que se repiten y con estructuras privadas que se acomodan rápido a los pliegos.
No hay una imputación formal que cierre el debate, pero sí una acumulación de elementos que generan incomodidad: plazos ajustados, consorcios armados sobre la marcha, vínculos empresariales que se cruzan con el entorno político y un activo público de enorme valor económico puesto en juego con condiciones discutidas.
En ese contexto, la discusión ya no es solo si Tecnópolis se privatiza o se concesiona. La discusión es otra, más incómoda: cómo se están tomando decisiones sobre activos estratégicos del Estado y qué tan claro es el límite entre gestión pública, negocios privados y poder político.
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