Referentes de La Libertad Avanza fueron al mercado central para sacar cadenas y abrir puertas de un predio destinado a un depósito de Mercado Libre.
Desde la Municipalidad de La Matanza, el intendente Fernando Espinoza afirma que la clausura continúa vigente y que Mercado Libre debe acatar la decisión comunal.
Los legisladores José Luis Espert, Juliana Santillán, Agustín Romo y Florencia Arietto destrabaron por decisión propia las cadenas y la faja de clausura que pesaba sobre un predio de la empresa de Marcos Galperin destinadas a que no avanzaran obras destinadas a un futuro centro de almacenamiento.
Los representantes del pueblo subieron a las redes sociales un accionar al que consideraron “simbólico”.
Desde la conocida firma de retail, el titular del holding tuiteó:
“El peronismo, 80 años combatiendo al capital y generando pobreza. En La Matanza sobra el empleo, la seguridad y el bienestar así que combaten las nuevas inversiones y empleos. Tenemos más de 20 centros de distribución en toda América, solo en La Matanza nos los clausuran”.
Tras su irrupción y ya dentro del predio cuestionado, Espert mostró la faja rota y exclamó: “Espinoza, mirá como te dejamos tu cartelito”.
Por su parte, en sus redes sociales, los legisladores Juliana Santillán, Agustín Romo y Florencia Arietto exhibieron como un logro el ingreso al predio donde se realizaba una obra para Mercado Libre.
Alejandro “Topo” Rodríguez, quien fuera Jefe de gabinete de la intendencia de La Matanza entre 2015 y 2019, cuando Verónica Magario era la jefa comunal, dio su punto de vista.
“La empresa Plaza logística, que hacìa la obra civil para Mercado Libre, se ampara en la idea que si construye en el mercado central no debe pedir autorización a La Matanza. Sin embargo, no se puede hacer cualquier cosa en ese predio. Por ejemplo, no se puede construir allí un estadio de futbol sin la autorización de la municipalidad”.
En la red X manifestó:
“El Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación se arroga la potestad de remover o destruir fajas y sellos de paralización de una obra, cuyos responsables se niegan a iniciar un sencillo trámite municipal. Es delito”.