El núcleo de la disputa radica en que el Reino Unido otorga licencias comerciales en espacios marítimos que corresponden a la plataforma continental argentina, una zona que constituye la prolongación natural del territorio nacional.
Aunque la Argentina no le pide al Tribunal que resuelva directamente la soberanía territorial de las islas, sí exige que se respeten los derechos soberanos sobre los recursos naturales del lecho y subsuelo marino que garantiza la CONVEMAR.
Reino Unido entiende que la Argentina está solicitando que el Tribunal resuelva la soberanía territorial de Malvinas, y advierte que eso no es competencia del Tribunal.
Pero el debate sobre competencias recién comienza:
Pedido de no competencia
Los kelpers, con respaldo británico, irán por la no competencia del Tribunal.
Esto lo confirma el vocero oficioso de Malvinas / Falkland, Mercopress, que publicó lo siguiente:
La demanda de Argentina contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas, “podría caer en el primer obstáculo”: la jurisdicción del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que no puede resolver disputas de soberanía territorial, según el especialista australiano en derecho del mar Donald R. Rothwell. El tribunal celebrará la audiencia sobre la solicitud argentina el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania.
En un análisis publicado por The Interpreter, la revista del Instituto Lowy, Rothwell, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de Australia, recuerda que el tribunal solo es competente, según el artículo 286 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, para resolver disputas “relativas a la interpretación o la aplicación” del tratado. Las disputas territoriales corresponden tradicionalmente a la Corte Internacional de Justicia.
El problema, sostiene, es que la demanda argentina no puede separarse de la cuestión de fondo. “Si el Reino Unido tiene la soberanía sobre las islas, Sea Lion es un acto legítimo de exploración y explotación de la plataforma continental.
Si el reclamo argentino sobre las islas fuese válido, la conducta del Reino Unido violaría la Convención”, escribe.
Argentina alega que el Reino Unido explota ilegalmente la plataforma continental, que el proyecto causará daños ambientales y que la concesión de permisos agrava la disputa sobre los espacios marítimos.
“Sin la disputa territorial de fondo, todas serían cuestiones legítimas para que el tribunal las resolviera”, señala el experto.
Rothwell compara el caso con el arbitraje de 2016 sobre el mar de China Meridional, en el que Filipinas “esquivó con habilidad” la cuestión de la soberanía sobre las islas en disputa y se centró en las pretensiones marítimas de China, de modo que nunca fue necesario determinar a quién pertenecía cada territorio. Eso, advierte, no será posible en el caso de las islas del Atlántico Sur.
Aun así, reconoce que el tribunal “ha sido, en general, reacio a interpretar de forma restrictiva su jurisdicción” y recuerda que, en la disputa entre Mauricio y Maldivas sobre su frontera marítima en torno al archipiélago de Chagos, llegó a una decisión de fondo aunque la soberanía entre Mauricio y el Reino Unido no estaba entonces plenamente resuelta.
El jurista considera que Argentina agotará todas las vías legales, diplomáticas y políticas para frenar el proyecto, y apunta que el presidente Javier Milei podría buscar también reforzar el orgullo nacional antes de las elecciones de 2027. Señala además que el presidente estadounidense, Donald Trump, podría intervenir, molesto por el escaso apoyo británico en Irán; Washington mantiene oficialmente la neutralidad en la disputa, aunque Trump ha dicho que esa posición está “bajo revisión”.
“Londres defenderá inevitablemente su posición con firmeza en todos los frentes”, prevé Rothwell, para quien, si el caso prospera, será histórico: la primera vez que algún aspecto de la disputa llegue a un tribunal internacional.
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