Acuerdo secreto por el ACTA: ¿Lucha contra la piratería o contra la libertad en Internet?
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) - El verdadero centro de la lucha contra la piratería en Internet no tiene que ver ni con la transferencia de archivos protegidos bajo derechos de propiedad intelectual (como son las películas y la música) ni con el desmantelamiento de redes pedofílicas, que son dos de las causas más importantes esgrimidas por los gobiernos de algunos países para establecer políticas que limiten el intercambio de información entre usuarios de Internet.
Si bien ambos problemas representan un escollo a superar por las autoridades, que se ven en la obligación de impartir justicia en un ámbito caótico como es el de Internet, el centro de esta lucha se encuentra en el control de la libre circulación de información que impera hoy en día en la red de redes y una necesidad corporativa de hacer pasar por sus propios servidores la información que creen pertinente a sus propios intereses.
En este sentido, distintos países han decidido tomar medidas atacando a los sistemas de intercambio de archivos P2P (peer to peer, punto a punto) cohartando así las libertades personales de los usuarios. Y en vistas de lo impopulares que son esas medidas, los gobiernos practican sus intentos en secreto, como es el caso de la Unión Europea y USA.
Tras tres años de negociaciones secretas, USA, la UE y otros nueve países alcanzaron un acuerdo que podría criminalizar las descargas de archivos a través de programas de intercambio peer to peer (P2P). Los firmantes, que se reunieron a principios de mes en Tokio, dieron a conocer la semana pasada el contenido del acuerdo, conocido por las siglas de ACTA y que ha levantado las críticas de organizaciones de consumidores, internautas y el Parlamento Europeo, ausente de su tramitación secreta.
El borrador del acuerdo, hecho público en abril, incluyó un llamamiento a los gobiernos para que adapten su legislación y obliguen a las operadoras de internet a desconectar usuarios a petición de las sociedades de derechos de autor. Además, el borrador contemplaba la persecución penal de "intermediarios cuyos servicios se usen para violar la propiedad intelectual", algo visto por las organizaciones de internautas como un ataque a la neutralidad de la red y al P2P.
Según el comunicado conjunto, el acuerdo también perseguirá la falsificación de productos y marcas. Los 11 firmantes, que tendrán que aprobarlo ahora según los procedimientos internos de cada país, anunciaron medidas "civiles y penales". Philippe Aigrain, fundador de la organización La Quadrature du Net, advirtió de que "ACTA tendrá una influencia nefasta en el marco legislativo global en materia de libertad de expresión, comunicación, acceso al conocimiento y a la salud".
Este acuerdo está directamente apuntado a controlar el intercambio de información entre los usuarios. La criminalización del uso de redes P2P (el ejemplo clásico son los 'torrents' tipo uTorrent) haría imposible a los usuarios transferir archivos e información (no necesariamente música o películas protegidas, sino toda clase de información) de un punto a otro sin antes pasar por servidores centralizados, lo que establecería un sistema de control en manos corporativas, afectando gravemente la libertad de los internautas en general, sean estos consumidores de piratería o no.
Sin embargo, las medidas aún encuentran cierta resistencia en diferentes países, como sucedió recientemente en Irlanda.
El caso irlandés
El Tribunal Supremo del país ha dado la razón al operador UPC, que se negaba a aplicar el sistema de los tres avisos a los internautas que descargasen contenido a través de redes P2P y que podía suponer la desconexión de éstos de Internet. La industria musical se ha mostrado indignada.
Según Thinkbroadband.com, el segundo mayor proveedor de Internet en Irlanda, UPC, ha conseguido ganar la batalla judicial que le enfrentaba a las potentes multinacionales de la industria musical EMI, Sony, Universal, WEA y Warner. El operador se negó en su momento a seguir los pasos dados por otros como Eircom o Vodafone en los que se amenazó a los usuarios de que sus prácticas intercambiando archivos podrían suponerles el corte en su línea si seguían descargando y subiendo contenidos.
Aunque en un primer momento la justicia del país dio la razón a la industria, el Tribunal Supremo duda ahora de la legalidad de esta media. "A pesar de que el intercambio ilícito de archivos destruye una parte importante de la industria local, no hay leyes en Irlanda que permitan la desconexión de Internet", contempla la sentencia. La Corte considera también que su aplicación "podría contradecir la legislación europea".
Por su parte, el operador se mostró satisfecho con la resolución y declaró en un comunicado que "no acepta la piratería, pero tampoco puede hacerse responsable de lo que sus clientes hacen en Internet".
Mientras, la industria musical se ha mostrado consternada. La asociación de la industria discográfica irlandesa (IRMA) se plantea ahora si recurre el fallo o si presiona al gobierno de su país para que cambie la legislación nacional, aunque en este último caso podría chocar igualmente con la legislación comunitaria. Así puede suceder en otros países donde ya se está desarrollando este sistema de los tres avisos.
Francia comenzó recientemente su proceso de amenazas y el primer aviso ya ha sido dado a los usuarios. Sin embargo, uno de los operadores galos, Free, se ha negado a enviar este aviso a sus usuarios alegando que esta medida "choca con la protección de los datos personales de los usuarios" y asegurando que su postura está totalmente de acuerdo con la ley. El proveedor podría verse denunciado por el propio Ministerio de Cultura francés.
En Reino Unido, otro país donde existe la posibilidad de desconexión, el operador más díscolo en este sentido es Talk Talk, que ya ha sugerido a la industria cultura que deje de pedir desconexiones y adapte su modelo de negocio a los nuevos tiempos que corren en Internet.