Sr. Secretario (Said).- Diputado Héctor Pastor Bidonde.
Sr. Bidonde.- Le voy a pedir al doctor Maier que tenga la amabilidad de compartir con nosotros una polémica que hubo la semana pasada con respecto a la duración de los discursos. Solicito a través suyo una autorización para extenderme algo más de los diez minutos pactados, hecho que había sido acordado con la Sala Juzgadora, si es que no hay inconveniente.
Sr. Presidente (Maier).- Yo no tengo ningún inconveniente.
Sr. Bidonde.- Gracias.
Obviamente, este escrito es una síntesis absolutamente menor de lo que se supone que, independientemente de las decisiones y resultados a los que arribe esta Sala, presentaré el día viernes, ya sea en sesión plenaria o, de lo contrario, lo acercaré a la presidencia del Tribunal.
Este adelanto motiva esta síntesis algo apresurada y a mano levantada, que dice así: "Nuestra comprensión sobre la responsabilidad de Aníbal Ibarra en este juicio, o en la terrible masacre de Cromañón, gira inevitablemente alrededor del marco de ciudad ilegal, que ha necesitado construir el mismo Ibarra a lo largo de todo su gobierno para sustentar o sostener un proyecto político personal de poder.
"Estamos convencidos, al menos, de su responsabilidad política directa por estas estrategias antipopulares y profundamente antidemocráticas que tuvieron en un caso particular objeto de este juicio consecuencias sociales gravísimas. Vemos cómo la decisión de elegir grupos estratégicos poderosos de la ciudad como aliados para su proyecto político terminó transformando a éstos en los principales beneficiarios de sus políticas públicas, degenerando toda lógica de gobernar por el bien común. Comprender esta lógica, esta matriz, es poner al desnudo toda la precariedad e ilegalidad que conviven en la ciudad.
"Una de las cuestiones que claramente se ha probado durante este juicio político ha sido que la política de seguridad durante la gestión 2000-2004 ha sido claramente inadecuada, ineficiente, contradictoria, poco planificada y con probadas situaciones de corrupción. Esto se ha manifestado claramente en algunos de los cambios más significativos que tuvo el área durante este período. De un breve repaso enunciativo resulta llamativamente confusa la estructura de control y fiscalización que el señor Ibarra diseñó e implementó a través de decretos emitidos en su calidad de Jefe de Gobierno de la Ciudad anómala de Buenos Aires.
"Existió la decisión política de reformular una y otra vez la estructura administrativa de la ciudad. Entre agosto del año 2000 y el 30 de diciembre de 2004 se produjeron no menos de 20 modificaciones de diferentes magnitudes en el área de Seguridad. Se sabía que el área de Control funcionaba mal, pero hubo confusión. Había algo que bien podría llamarse 'gobernabilidad por tanteo'. Esto no es idoneidad; esto no es buen desempeño. Todos los habitantes de la ciudad eran potencialmente vulnerables frente a tamaño descontrol.
"La defensa logró demostrar durante este juicio que los secretarios Giudici y López ejercían sus funciones con una alta autonomía. Ibarra los dejaba hacer; no les impartía directivas; no los controlaba; no se enteraba de lo que pasaba, qué rumbo y qué estado tenía cada área, a pesar de ser áreas de alto riesgo. Ése no es el rol de un Jefe de Gobierno. Ibarra, según la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con los artículos 102 y 104, debió haber sido el estratega y planificador de las políticas llevadas adelante por sus secretarios; debió evaluar indicadores de gestión, análisis cualitativo; debió corregirlas; debió controlar y evaluar la gestión de sus funcionarios; impartirles las directivas centrales, etcétera. En un área tan sensible él debió haber tenido una actitud mucho más activa.
"Algunos de los reclamos de empleados y funcionarios del área respecto de la falta de presupuesto, personal y recursos fácilmente podrían haber sido resueltos, ya que no se trataba de montos significativos". Todos sabemos que desde el año 2003, incrementándose en el año 2004 y 2005, en este mismo recinto hemos discutido, hemos debatido, hemos tenido entrevistas personales con el Secretario de Hacienda; hemos recibido en este recinto para discutir sobre el monumental superávit que hoy descansa delicadamente en las arcas del Banco Ciudad. Hoy contamos con alrededor de 1.345 millones de pesos de superávit.
También, la Resolución 2022 de la ex Defensora del Pueblo Alicia Oliveira de mayo de 2003 avanza en este sentido. Ahora bien: no sólo de la propia impresión de diferentes elementos y declaraciones durante este juicio surge esta conclusión respecto de la ineficiente política de control. Existen otros elementos que han reforzado mi convicción. El fallo de la Cámara, páginas 40 y 41, cita textualmente el informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires donde expresa, al referirse a la política de seguridad 2000-2004:
"El Gobierno de la Ciudad no tiene una política adecuada en la materia, lo cual se manifiesta en los múltiples cambios de áreas, organismos y responsables de estas tareas. Esta carencia de política trae como consecuencia que la Ciudad no dispone de información cierta sobre los comercios habilitados, ni sobre su situación de seguridad. Esta condición no sólo se da en los locales bailables, sino también en grandes establecimientos comerciales, shoppings, hipermercados, guarderías infantiles, geriátricos, hoteles, estadios, etcétera. Hemos detectado situaciones tales como guarderías infantiles habilitadas como comercios cosmetológicos, como consultorios, herrerías, carencia de normativa aplicable a los shoppings -que son habilitados como galerías-, falta de elementos contra incendios en hoteles, muchos de los cuales son contratados por el mismo Gobierno de la Ciudad en su programa social.
Otro material que reforzó mi convicción es el siguiente: la Justicia finalmente entendió que todos los funcionarios con responsabilidades dentro del área de control de la Ciudad, como mínimo, han incumplido con los deberes de funcionario público, desde Ana Fernández, Directora General, hasta Juan Carlos López, Secretario. Esto quiere decir que la Justicia procesó penalmente hasta al funcionario inmediatamente inferior a Ibarra, pero queda claro que el responsable político por mandato constitucional, es el Jefe de Gobierno, o sea el doctor Aníbal Ibarra.
"Lógicamente que como jueces no podemos desconocer la situación de los hospitales públicos, de las fuerzas de seguridad, de las escuelas públicas, etcétera, pero tampoco podemos desconocer que en situaciones como las que nos ocupa, donde impera un obrar notablemente inconducente por parte de los funcionarios, una falta de razonabilidad a la hora de diferenciar deberes relevantes de los que no lo son, o una sorprendente improvisación a la hora de llevar adelante su función, hacen falta explicaciones que vayan más allá de la falta de recursos para exonerar de responsabilidad a aquellos en quienes la ciudadanía confió para poner en sus manos su propia seguridad". Fallo de la Cámara, Sala V, página 113, último párrafo.
Finalmente, el sinceramiento del propio Ibarra en sus dichos del 28 de enero en esta Legislatura, reafirman esta gravísima situación del organismo de control. "El área de Seguridad y Justicia -según el mismo Jefe de Gobierno suspendido- tenía y tiene -y me hago cargo como Jefe de Gobierno- las siguientes problemáticas: circuitos administrativos poco claros; falta de organización en las distintas áreas de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana; falta de capacitación básica en informática del personal; falta de recursos humanos especializados en distintas temáticas; inercia del personal; resistencia al cambio; parque informático deficiente; sistemas en tecnologías heterogéneas; falta de integración con sistemas de las demás reparticiones del Gobierno de la Ciudad; duplicación de ingresos de datos en diferentes entornos operativos; falta de indicadores de gestión; falta de un sistema integral para la activación de dispositivos ante situaciones de emergencia; falta de un sistema para el control y seguimiento de habilitaciones y permisos de actividades comerciales; falta de un sistema para una visión integral de diversos fenómenos vinculados con la seguridad de la Ciudad; falta de un sistema para el control, seguimiento y actualización de tareas vinculadas con la fiscalización de obras particulares y catastro...".
Esto figura en la versión taquigráfica del 28 de enero de 2005, y fue dicho aquí con relación al pedido de un crédito para el Banco Interamericano de Desarrollo en el mes de julio de 2004 por el señor Jefe de Gobierno. Lo que acabamos de leer formaba parte de ese escrito.
La ineficacia que ha caracterizado la política de control durante el período 2000 - 2004, resultó condición necesaria para que puedan desarrollarse diferentes actividades comerciales privadas en una clara situación de ilegalidad.
Una buena política de control y seguridad entraría en contradicción directa con todo el sistema de ilegalidad construido como herramienta política por Ibarra, lejos de su obligación como Jefe de Gobierno de velar por el bien común, ejercer el poder de policía, garantizar la seguridad de los ciudadanos en el uso y goce de la Ciudad. Esta política de convertir al Estado en garante de este marco para facilitar negocios privados minoritarios en perjuicio del interés común, se establece desde Ibarra -arriba- para abajo, y no por los inspectores corruptos o funcionarios a su cargo. Son decisiones políticas centrales sobre el rumbo del Gobierno lo que está en juego.
Estas decisiones sólo están en manos de Jefe de Gobierno que elige a los sectores estratégicos aliados, a los beneficiarios y perjudicados por sus políticas. El propio Ibarra es el que profundiza sobre esto el 28 de enero de 2005 en esta Legislatura, en respuesta al diputado Molina. Dice: "Respecto de que habría que demoler locales porque están en zonas UP -Urbanización Parque-, le digo señor diputado que también habría escuelas demolidas por esta situación; habría que demoler a canal 7, porque está en esta situación; habría que demoler muchos lugares. Es un tema bastante más complejo porque a veces "UP" es una ficción; se dice "Urbanización Parque" y lo menos que hay allí es un parque. Esto requiere de una discusión y de un tratamiento legislativo. Eso no se resuelve con topadoras. Insisto: es mucho mas complejo, porque estaríamos tirando abajo escuelas, canales y otras instituciones". Esto es gravísimo. Las leyes no son ficciones: "UP" es una figura legal en el Código de Planeamiento Urbano, lo cual es una ley a cumplir. Es preocupante y alarmante esta confusión del propio Jefe de Gobierno entre la cosa pública y la cosa privada. Su miopía y microclima de poder no le permiten diferenciar la dimensión social entre una escuela y un boliche.
Hay algo peor todavía: también Fabiana Fiszbin, Subsecretaria de Control Comunal durante el año 2004, en un encuentro organizado con los integrantes de la Cámara de Empresarios de Discotecas de Buenos Aires -CEDEBA-, señaló: "Esto es lo que venimos desarrollando; ya llevo casi un año también en la Subsecretaría de Control y creo que con la Cámara que más hemos trabajado es con ésta, a pesar de que la agrupación o concentración de locales que hoy representa la Cámara no sea la totalidad de los que están hoy en la Ciudad. Nosotros tenemos un padrón que ya hemos pulido, en el cual tememos aproximadamente 200 locales de baile clase "C"; son los denominados en el rubro de habilitaciones, que hacen a la actividad de ustedes, de los cuales habrá 50 que no estarán habilitados, muchos porque están en lugares en los que la norma no lo permite, y muchos porque no han hecho la tramitación". Esto lo dice la Subsecretaria de Control Comunal a los empresarios de la Cámara de Discotecas de la Ciudad de Buenos Aires.
"Intentamos que estén todos, sería muy positivo de muchísima fortaleza que la Cámara, por lo menos en el ámbito de la Ciudad y siendo sólo 200 locales que hacen actividad de baile o complementarios de baile -que son 200 ó 220 no más-, se puedan concentrar en esta Cámara, porque nos permite a nosotros un referente válido o sólido con más fuerza para desarrollar todo lo que nosotros les proponemos trabajar. Creo que todos los que están dentro de la Cámara tienen que ser un ejemplo para aquellos que no lo están, y creo que ésta es la política que más se ha impuesto a los que forman la Cámara. Todos los que forman la Cámara deberán ser los primeros en cumplir con toda la normativa". Me imagino que no debe ser la normativa que se acaba de señalar. Esto es el fallo de la Cámara, Sala V, páginas 110 y 111 cita textual, declaración Fabiana Fiszbin y comentario de la Cámara a continuación. Esta situación de ilegalidad amparando actividades de lucro privado, se ha venido repitiendo en otras áreas del Gobierno de la Ciudad. El juego en la Ciudad, casinos, traga monedas, bingos, negociados inmobiliarios en tierras públicas, como el caso de la Rural, que acabamos de pasar apenas hace una semana;; juegos ODESUR, con cifras realmente muy difíciles de controlar; más de 100 hectáreas públicas intrusadas por actividades privadas; espacios de publicidad de la Ciudad; sistema de cableado aéreo de TV, etcétera.
El gobierno es el máximo responsable de garantizar la legalidad, combatiendo la ilegalidad. El Estado debería ser el parámetro y límite para los privados y sus actividades. Si el Estado no cumple, ¿con qué lógica se pretende regular la conducta de los empresarios privados? Además, debe cumplir un rol docente para el resto de la sociedad. Un Ejecutivo que reclamó en numerosas oportunidades mayor poder, no puede intentar hoy diluir sus responsabilidades.
El Estado de ilegalidad imperante, producto de una política de control ineficaz, generó -según la Justicia- que el 30 de diciembre de 2004, particularmente en Cromañón, no se hayan cumplido los siguientes deberes de funcionarios públicos.
Dice la Cámara: "Una síntesis de esa evaluación permite sostener que un análisis razonable de la normativa que regía la actividad para la época en que ocurrió el hecho que nos ocupa, establece los siguientes deberes para esos funcionarios: a) Deber de garantizar la seguridad de los concurrentes, de acuerdo con lo que surge de la Resolución N° 996/94, mediante la realización de controles efectivos antes y durante el desarrollo del espectáculo en todos los locales de baile Clase C que se aparten de la actividad para la que están autorizados y brinden recitales en vivo; b) Deber de realizar un control periódico del funcionamiento de los locales bailables en situaciones normales, en razón de que el tipo de actividad y la cantidad de personas que involucra era y es considerado por la normativa vigente como merecedor de una atención especial, en comparación con otras actividades de menor riesgo; c) Deber de realizar -una vez conocido el informe de la Defensoría del Pueblo y constatada, en la práctica, la situación de inseguridad de gran parte de los locales de baile inspeccionados a raíz de dicho informe- una inspección de la totalidad de los locales de baile de la Ciudad de Buenos Aires.
"Ahora bien, tal como se desprende de los elementos de prueba obrantes en este expediente, ninguno de estos deberes fue cumplido por los funcionarios encargados de controlar el funcionamiento de los locales de baile en la Ciudad de Buenos Aires y con competencia para la determinación de los lugares a inspeccionar y la forma de llevar a cabo esas inspecciones." Fallo de la Cámara V, Página 106.
"Sin embargo, tal como quedó expuesto a la hora de analizar cuál era la conducta debida de acuerdo al criterio de este Tribunal, los funcionarios debieron haber inspeccionado República de Cromañón el día de los hechos, en razón de que el tipo de actividad que se realizó así lo justificaba.
"Asimismo, la inspección debió haber sido llevada a cabo en los términos de la Resolución 996/94, que establece un control durante el desarrollo del evento cuyo objeto es, entre otros, constatar la cantidad de gente cuyo ingreso se permite, las condiciones de salida de emergencia, las condiciones de seguridad y el ingreso y uso de pirotecnia.
"En consecuencia, y a diferencia de lo que ocurría en el caso de la imputación efectuada por el a quo a raíz de esta imputación, sí es posible afirmar que, de haberse cumplido con la obligación de los funcionarios, el resultado -tal como se lo conoce- no se hubiera producido. Ello es así porque, como mínimo, no se hubieran dado dos factores determinantes, como fueron la cantidad de gente y el estado de las salidas."
¿Qué debería ocurrir para que se considere legítimo un juicio político a un gobernante por mal desempeño? Se podría invertir la pregunta: ¿A cuántos funcionarios o gobernantes los argentinos deberíamos haberles hecho, en su momento, juicio político? ¿A María Estela Martínez de Perón? ¿A Cavallo, con el Plan Brady o el blindaje? ¿A Menem? ¿A De la Rúa? ¿Grosso? Y a tantísimos otros. ¿Qué pasó? ¿Lo impidieron las corporaciones políticas y -desde un paso atrás- los grupos económicos?
Aclaro que hubiera sido mejor la conformación de una Comisión Investigadora independiente. Lo propusimos y lo peleamos en el recinto. Se intentó.
Para quienes tenemos conducta antigolpista acreditable -es decir, para los que no somos recién llegados en el tema de las luchas en los tiempos del horror-, no nos ha sido indiferente que se haya pretendido calificar a este juicio político como "golpista". El "golpismo" es el abortamiento de la legalidad constitucional vigente, de manera que recordar que el instituto del juicio político predica, precisamente, la aptitud de remover sin hacer naufragar lo que se da en llamar el "orden constitucional", permite poner en su debido lugar a quienes adjetivan desde la intemperancia, desde el desconocimiento o desde la conveniencia.
Una cosa es que la República Argentina, desde su historia y desde su presente, tenga pocos ejemplos de juicio político, lo que incide en la limitación para estudiar precedentes, y otra cosa es clamar, con error o mala fe, que el juicio político respecto de Aníbal Ibarra es un quehacer golpista. La evaluación de la conducta de Aníbal Ibarra post Cromañón debilita, pues, y aún más, su aptitud para volver al cargo.
Al saber que éste es un juicio no jurídico, tengo la posibilidad y hasta la obligación de evaluar el grado de esa aptitud para volver al cargo. Por ello, el haber advertido que, con o sin dinero propio, Ibarra hiciera una suerte de campaña política para su retorno, también produjo asombro. Es que cada vez los muertos de Cromañón quedaban más lejos del tema del enjuiciamiento, para abrirse a una suerte de extraña campaña electoral por el retorno.
El suspendido Jefe de Gobierno se ha refugiado en la teoría de la delegación, llevándola a peligrosísimos extremos. Su entendible derecho a la defensa no es superior al derecho de los habitantes y ciudadanos a tener un buen gobernante. De otra manera, frente a determinadas causas, se suscitan determinados efectos.
Mi voto es por la destitución del suspendido Jefe de Gobierno. Asimismo, proponemos una inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos en la actividad pública.
Gracias.
Sr. Presidente (Maier).- Gracias, diputado Bidonde.
-----
Versión taquigráfica Juicio Político
- Sala Juzgadora - 7 de marzo de 2006 – Págs. 9 a 13 –
BloqueDelSur
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
