Desde que asumió hace 3 años, el gobierno nacional viene induciendo violentos cambios en la estructura de los precios relativos a fuerza de incrementos en los servicios públicos que acumularon más de 3 dígitos, con el agravante de que los fue aplicando a partir de haber convalidado previamente una devaluación inicial del 50% en plena salida del cepo cambiario.
Si se lo mira por el lado del salario, el costo de vida de los trabajadores sindicalizados aumentó el 47,8% a lo largo de 2018, de acuerdo con el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), lo cual repercutió desfavorablemente en los indicadores de consumo.
Todos los capítulos de la canasta tuvieron aumentos superiores al 40%, excepto "Indumentaria y Calzado" y "Educación", que avanzaron un 33,5% y un 32%, respectivamente.
En este contexto, la apertura indiscriminada a los capitales golondrina y las colocaciones de deuda regaron de pesos el lábil mercado financiero, que el Banco Central se encargó de absorber con tasas de interés superpositivas con el propósito de evitar que fueran a precios. Como se diría vulgarmente, se usó nafta para apagar incendios.
La inflación no ha sido la única consecuencia de una brusca transferencia de ingresos como la que se ha venido ejecutando. Se amasó un endeudamiento que equivale a un PBI entero, por el que hay que pagar 3,6 puntos del PBI en intereses, en el marco de una inequitativa presión impositiva que se alza con un tercio del PBI.
La tasa a todo vapor
La especulación tasas-dólar que resultó ser una constante en el período que lleva la actual gestión hizo que una pequeña minoría agrandara sus ganancias, desproporción que en la economía real se tradujo en la ventaja que sacaron los formadores de precios que encontraron vía libre para remarcar.
De nuevo, la brecha entre los valores que paga el consumidor y lo que recibe el productor por alimentos agropecuarios fue de 426% en diciembre pasado, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), siendo los casos de la manzana y la naranja los más salientes: frente a una baja del 43,2% al ser comercializadas en origen, al público llegaron con un aumento del 11,9%.
La explicación que ensaya CAME es que, a partir de un faltante de manzanas en los lugares de destino, sumado a que parte de esa cosecha fue vendida por el productor a principio del 2018 con un dólar a $18, los comercios compraron barato y vendieron más caro.
Según cifras que surgen del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), que elabora mensualmente el sector de Economías Regionales de la CAME, la participación en general de los productores de huerta y granja en la renta final fue de 22,7%.
Si en los 2 últimos meses del año se había desacelerado el ritmo de alzas en los precios, la batería de tarifazos e impuestazos con que se inició 2019, cuyo horizonte a priori sería a marzo, puso fin a la incipiente sensación de que aflojarían un poco las remarcaciones, y nada más que en el primer trimestre se comerá la mitad de la inflación que consta en el Presupuesto.
Si bien el dólar está cediendo ante la coyuntural oferta de las cosechas que largaron el ciclo y coloca al Banco Central en situación de intervenir con compras abajo de la banda de flotación para evitar una apreciación, pero los comerciantes a los que la recesión deja un poco de soga, utilizan la tasa de interés como referencia para fijar los precios y, de este modo, los calculan a una paridad peso-dólar equivalente a $50, más por revaluación que por devaluación.
El año arrancó con “un aumento tarifario de cerca del 50%, con expectativas de inflación cercanas al 30%, es decir un tarifazo que implica aumentos reales de más del 20%”, sostuvo un informe de Ecolatina.
Acerca de lo cual el economista Pablo Challú comentó que agrava la situación de las familias, ya que "estos aumentos no le sirven a nadie, salvo a las empresas monopólicas de servicios públicos, cuyos precios deberían estar controlados y no dolarizados como lo están actualmente”.
Así fue como el peso redujo a la mitad su valor a lo largo del último año y ni las tasas de interés, que llegaron a superar el 70% anual, pudieron impedir que los precios minoristas crecieran en promedio cerca de 50% en 12 meses, el doble del 24,8% de 2017.
Actualmente, la inflación argentina es prácticamente 12 veces más alta que la de sus vecinos y ubica al país en el reducido grupo de las 5 economías más inflacionarias en el mundo.
El listado lo lidera Venezuela, con precios minoristas que subieron entre 1.700.000% -según legisladores de la oposición- y 2.500.000%, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, luego vienen Sudán del Sur (+99,4% anual, según el FMI) y Sudán (+64,3%).
La cuarta posición global la disputan Argentina (cerca de 48% según estimaciones privadas) e Irán (+47,8% según estima el FMI).
