La franja que comprenden el estado de necesidad extremo y el que no llega a tanto está ocupada, en mayor medida, por el 40% de la población de un modo u otro sujeta a pasividades, como jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales.
Así se clasificarían como pobres:
-Aquellos que perciben el salario mínimo, vital y móvil, los trabajadores informales y el 70% del padrón de jubilados que cobra la mínima, $10.700;
-Los jubilados que promedian los $17.000;
-Empleados de oficina y administración encuestados por la Fundación WageIndicator, que en promedio bruto a setiembre están entre $16.000 y $20.000.
Como indigentes se agruparía a:
-Los que sólo reciben Asignación Universal por Hijo (AUH), que alcanza a 4,5 millones de beneficiarios, en torno de los $1600;
-Los más de más de 260 mil que cobran $4.430 por los programas Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Desde el Barrio, ahora resumidos en Hacemos Futuro, por realizar alguna actividad a cambio.
-Las más de 15 mil personas en situación de calle , que sobreviven en la mendicidad y marginalidad que, según las estiman las organizaciones de la sociedad civil, religiosas y gubernamentales, se cayeron del mapa.
Derecho a comer
El agravamiento de la vulnerabilidad social en Argentina atrajo al país, por primera vez, a una Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, como Hilal Elver, quien estuvo hasta la semana pasada recabando información de primera mano ante un eventual incumplimiento del nivel de disfrute del derecho a la alimentación y analizó con las autoridades alternativas para lograr una mayor inclusión para las personas cuyas situaciones se han vuelto más vulnerables, tanto en áreas urbanas como rurales.
El director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia, ya había advertido en una entrevista concedida a la agencia DPA que “frente al hambre, el Gobierno argentino va a tener que inyectar más partidas de dinero en las capas más bajas de la sociedad".
Se basaba, en realidad, en los datos que ahora se apresta a difundir el INdEC: que antes de fin de año la pobreza afectaría al 30% de la población argentina (más de 13 millones de personas), mientras a fines de 2017 se encontraba, tras dos mediciones a la baja, en un 25,7%.
Sostuvo que "la única contención que hay por el momento para los más pobres son los programas sociales, por lo cual, ante un escenario de devaluación como el de los últimos días, se debería disponer una medida de compensación de emergencia para no llegar a una situación de hambre más extrema en la población y evitar un estallido social o una situación de mayor gravedad de malestar económico", reconvino.
Detrás de los acontecimientos, la Administración Macri se puso a estudiar un paquete de medidas de emergencia, como un bono especial, el refuerzo de los programas alimentarios, la ampliación del control de precios para productos de la canasta básica y una transferencia de fondos sociales a las provincias, y al mismo tiempo gestionar un crédito del Banco Mundial destinado a ampliar la cantidad de beneficiarios de la AUH.
La perspectiva cierta de que se esté incubando un desborde callejero de la protesta social a medida que se acerca fin de año formó parte de las negociaciones para la ampliación crediticia con el Fondo Monetario Internacional, que autorizó a aflojar un poco el nudo del ajuste en los sectores más vulnerables.
No es sólo por una cuestión de humanidad, sino que las exigencias que le plantean a Macri la comunidad internacional y los mercados (expresadas a través del FMI y Wall Street) no se limitan a poner las cuentas bajo control y suprimir déficits, sino a garantizar, simultáneamente, la continuidad de las políticas que le imponen más allá de la elección presidencial de 2019.
De ahí que el jefe de Estado tuvo que aprovechar el foro norteamericano y anunciar formalmente que está preparado para competir por la reelección.
Ni el humor social ni los números lo ayudan demasiado para el cometido. Tomando las cifras de la Fundación Capital, este año va para:
-un 2,9% de retroceso en el PBI, agravado en el 2do trimestre con el peso de -4,2%;
-el desempleo más alto de su era, del 9,6%;
-el mismo salario real mínimo que en 2009, luego de reducirse -6% este año (con un vaticinio del 10% en el semestre);
-una inflación del 43,3%, y ahora también
-el 30% de la población sumergido en la pobreza.
El capital político propio para remontar la cuesta el año que viene no da para enamorar:
-un -0,6% de merma en el PBI,
-una inflación del 26,6%,
-el salario real -1% y la masa salarial (que calcula el promedio que gana la población ocupada) 1,7% menos que la de este año, que ya viene -5,3% bajo cero.
Únicamente, la carta triunfadora dependería de un eventual espanto del electorado que rechaza regresar al populismo y el liderazgo de una CFK acosada por las denuncias de corrupción que podrían terminar con ella presa.
