Mientras tanto, otra liebre salta en uno de los flancos lábiles de la salud pública: según denunció una ONG (la Fundación GEP), a la Dirección Nacional de Sida, ETS, Hepatitis y TBC le rebanaron US$ 43 millones en el proyecto de Ley de Presupuesto 2019 en comparación al vigente, “un brutal corte (que) podría impactar en que el acceso a medicamentos”, al punto de que “dejaría a 15.000 personas sin tratamientos en 2019”.
Una mancha más para el tigre, que venía salpicado por la suspensión hasta fin de año de la dosis de los 11 años de la vacuna contra la meningitis.
Argumentando dificultades en adquisición y entrega desde su incorporación al Calendario Nacional de Vacunación, se optó por priorizar a los grupos más vulnerables de 3, 5 y 15 meses de vida a costa de dejar sin cobertura a 750 mil adolescentes.
El actual desbarajuste cambiario y financiero no hizo más que exacerbar la dispersión de recursos que debilita a un sistema de salud en el que cohabitan, superpuestos: los hospitales públicos; los sanatorios y clínicas privados; las cooperativas y mutuales; las salas de primeros auxilios municipales, y las obras sociales. Y, además, en el cual los laboratorios medicinales de capital nacional y extranjero alternan con redes de farmacias colegiadas y de explotación privada, como Farmacity, en el vital abastecimiento a la población.
El resultado que llega al bolsillo del consumidor forzoso de medicamentos, de acuerdo con un informe realizado por Consumidores Libres, a cargo de Héctor Polino, es que en la Administración de Mauricio Macri se encarecieron más del 400%.
Así como la Cafiaspirina aumentó 91% entre febrero y julio de este año, el Zocor para el tratamiento de diabetes subió un 42% y ahora cuesta $495,54, o sea el 5% de los haberes que cobran la mayor parte de los jubilados.
Los grupos que tuvieron los mayores incrementos, según Polino porque la Secretaría de Comercio no controla a los laboratorios, fueron aquellos destinados a combatir enfermedades en el aparato cardiovascular y los antihipertensivos (amlodipina, losartan, enalapril), los antiarrítmicos (atenolol, carvedilol) e hipocolesterolemiantes (atorvastatina, simvastatina), y los antiinfecciosos y antibióticos (amoxicilina, cefalexina, azitromicina, entre otros).
Peor el remedio que la enfermedad
La organización fragmentada de los servicios de salud torna más dificultosa la financiación y ejecución las prestaciones a medida que se complejizan, ya que las responsabilidades y capacidades de respuesta se disgregan entre diversos subsectores.
El caso extremo es el denominado gasto catastrófico en salud. Se trata de prestaciones quirúrgicas complejas (trasplantes), tratamientos para enfermedades graves/crónicas (a través de los medicamentos de alto costo (MAC)) y terapias para la integración social (discapacidad), para las que prácticamente la única respuesta que existe en nuestro país hasta el momento, y es parcial, proviene del sistema de salud ocupacional, ya que en otros lados no cuentan con mecanismos o fondos de reaseguro y la cobertura es directa, financiada desde el presupuesto de los hogares, lo cual resultaría insustentable.
Las obras sociales y otras reguladas por la Superintendencia de Servicios de la Salud cuentan con el FSR (Fondo Solidario de Redistribución) que se forma con aportes en diferentes proporciones, según sueldo y origen de los trabajadores y empleadores.
La revista Médicos publica un artículo según el cual, a junio 2016, entre los 3 grupos de gasto catastrófico en salud sumaron $ 47 mil millones, lo que corresponde a u$s 3.145 millones de esa fecha y que equivale al 5,9% del gasto total en salud de nuestro país (u$s 53 mil millones para ese año).
En un informe especial basado en los resultados del proyecto recientemente finalizado y presentado sobre Gasto Catastrófico en Salud, iniciativa de 3 instituciones privadas que vienen realizando conjuntamente investigaciones aplicadas sobre los principales problemas del sistema sanitario nacional: el CEMIC, Prosanity Consulting y la Universidad ISALUD, se consigna que el mayor gasto de las variables relevadas lo conforman los medicamentos altamente costosos (63%), seguidos por discapacidad (34%) y trasplantes (3%).
La cápita anual resultante para la cobertura fue de $ 1.070, correspondiente a u$s 71 a junio 2016, mientras la mensual es de $ 89 (u$s 5,9).
En el caso de las empresas de medicina prepaga, el PAMI y el Programa Federal Incluir Salud de Anses, las erogaciones en medicamentos de alto costo (MAC) (MAC) representan el 27% de la facturación del mercado de medicamentos, mientras para PAMI los medicamentos, según la propia entidad, insumen $ 27 mil millones, a sea un 26% del total.
En el gasto en medicamentos de alto costo (MAC) en nuestro país, el grupo terapéutico de mayor peso es oncohematología (46%), dentro del que 4 medicamentos abarcan la mitad.
En cambio, para el Programa Federal Incluir Salud de Anses, el grupo de mayor relevancia lo conforma otras terapias (44%) seguido por hemofilia (32%). En 2015 se contabilizaron 531.543 prestaciones autorizadas a 28.003 beneficiarios.
La discapacidad trae tasas en aumento debido, en parte, al envejecimiento de la población y al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas.
En el caso de los trasplantes, el gasto estimado anual fue de $1.404 millones (u$s 94 millones), lo que equivale a $ 32 por beneficiario y por año (u$s 2,1).
El mercado ha desarrollado los seguros de salud como instrumentos de financiación que distribuyen los riesgos de afrontar un gasto no previsto.
Sin embargo, respecto del gasto catastrófico en salud, se constata una persistencia temporal en el patrón de erogaciones elevado, y una vez establecido el diagnóstico, la mayor parte de la asistencia se concentra en medicamentos de alto costo (MAC), que poseen características de mercado particulares, condiciones monopólicas y posibilidad de generar demanda.
La cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO) requiere de una permanente actualización y análisis, por enmarcarse en una línea divisoria corrediza a medida que incorpora tecnologías sanitarias evaluadas, autorizadas y registradas.
La aprobación de las condiciones básicas de su uso determina la incorporación al PMO, del mismo modo que las exclusiones deberían ser explicitadas.
