La ciencia incierta
Dicho en otras palabras, la dirigencia política apartó la iniciativa de potenciar en función de las necesidades de cada región carreras muy demandadas y esenciales para el desarrollo del país, como ciencias básicas, ciencias aplicadas y enfermería.
No sólo se afectó la cantera de futuros ingenieros, sino que la guadaña cercena el día a día, al suprimirse asignaciones para acondicionar la instalación eléctrica general del Centro Cultural Kirchner por $ 959 millones, y se redujeron en $ 200 los recursos destinados la Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación.
A las universidades les terminaron amputando $1.638 millones para gastos corrientes que ya les tenían pisados, en medio del conflicto con los docentes por las paritarias.
Pero al mismo tiempo, le aumentaron $750 millones el gasto en personal de la Corte Suprema, en un contexto en el cual se decidió que el Poder Judicial continúe gozando de la exención de tributar impuesto a las ganancias.
Un recorte tribunero fue el que infringió la jefatura de Gabinete, que contará con $680 millones menos para publicitar actos de Gobierno, que de todos modos ya en la última reestructuración de funciones se había decidido reasignar entre los ministerios pero no precisamente para ahorrar plata.
La creciente tensión social se reconoció en el refuerzo de $150 millones al área de Defensa y $459 millones a la de Seguridad. Y dentro de una soga tirada a las empresas públicas, se contrabalanceó con una merma de $1.191 millones en los desembolsos destinados a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT).
La interrupción de la política de dolarización de las tarifas de los servicios públicos que, mientras se mantenía el atraso cambiario, se aumentaban brutalmente en pesos y engordaban la inflación, ya empezó a pasar la factura al conjunto de la sociedad: la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) recibirá $10.000 millones más, en tanto a la ex Enarsa se le transferirán $12.000 millones, que de lo contrario hubieran ido a parar a las boletas que paga el usuario.
El Tesoro se vuelve a hacer cargo, de este modo, de una compensación económica destinada a la cadena de valor compuesta por las compañías petroleras y las usinas generadoras de energía, cuyos costos siguen calculándose dolarizados aun todos los casos que se transan en pesos.
El usuario mejor sería que ni chiste porque, como antes, o se subsidia a las empresas a través de rentas generales o mediante las tarifas sinceradas.
De paso, se le ofredó un gesto de buena voluntad a los gobernadores de la foto: alivia los efectos de la transferencia de subsidios de la tarifa social de las empresas eléctricas, lo que junto al Fondo solidario y el traspaso de subsidios al transporte son las contribuciones a la causa que el Poder Ejecutivo Nacional demanda a las provincias para sacarles los $100.000 millones que les tocó en suerte en el Presupuesto acordado con el FMI.
Pero lo que más preocupa a los mandatarios provinciales es la ventanilla de los ingresos, empezando por los brutos, una exacción fiscal por la que dan directamente la cara y va a sus cajas sin escalas.
Luego vienen mantener en 33% el impuesto al cheque para las grandes empresas, que pese a ser nacional, se retiene en cada jurisdicción y es a cuenta de ganancias, y elevar de 0,25% al 1% el impuesto a los bienes personales en el exterior blanqueados, habida cuenta que más del 90% de las cuentas bancarias declaradas permanece afuera del país.
Bajo análisis quedaron también modificaciones en la alícuota autónoma de cada provincia del Impuesto a los Sellos.