De este modo, los bancos cambiarían de deudor: en lugar de que sean las constructoras señaladas en las denuncias por corrupción y bajo la lupa judicial, el fideicomiso oficiaría de intermediario y a su través serían girados los fondos a las contratistas para que avancen con las obras, una vez que éstas refuercen las garantías que entregaron cuando les fueron adjudicados los proyectos. Esos adicionales seguramente tendrán algún costo que debe estar negociándose, pero nada al respecto trascendió.
Las firmas alcanzadas por las menciones efectuadas por el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, a las que adjudicaron obras viales son: Helport, del grupo Eurnekian, en dos (por US$ 1.010 millones y 722 millones respectivamente), Cartellone (US$ 801 millones) y Vial Agro (US$ 1.002 millones). De ellas, sólo Hugo Eurnekian, de Corporación América, reconoció haber pagado coimas al ex secretario Roberto Baratta y declaró como arrepentido.
El reencauzamiento que el gobierno logre hacer con las PPP no sólo es vital para las cuentas fiscales y el empleo del año próximo, sino que en lo inmediato tendrá un efecto directo sobre la ocupación de mano de obra.
Taquicardia financiera, letargo productivo
En los 120 días que restan para finalizar el año, cuenta cada hora en la descompresión de las carteras: reemplazo de Lebacs, renovación de Letes y demanda de dólares, pero no parece comprometido, a los ojos de ninguna consultora, el cumplimiento del déficit primario pautado para 2017, de 2,7% del PBI del sector público nacional.
Para presupuestar 2019, los signos de pregunta serían múltiples, empezando por el PBI base para todos los cálculos, hipótesis de inflación y tipo de cambio.
Como ninguna de las 3 variables ofrece blanco fijo en este momento y ni siquiera está claro cómo sigue la película de la obra pública si no se rescatan las PPP, ya no cuenta demasiado per se que el FMI se haya declarado abierto a otorgar un waiver (perdón) al stand by (como propalan el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el titular del Banco Central, Luis Caputo, en el espinel internacional de los mercados), sino qué salvaguardas negocie la Casa Rosada con los gobernadores, además de las que ya se conocen referidas a los gastos.
Para que el déficit primario (en relación a un PBI 1,5% de signo positivo) caiga a la mitad de lo que está actualmente, los ingresos del sector público nacional deberían crecer 30% anual, con lo cual el gasto primario no podría trepar más que 23% anual, lo que equivale a un ajuste real del 4%", advirtió Ecolatina, para subrayar que, "a priori, dicho recorte parece acotado; pero por movilidad automática 60% del gasto primario trepará casi 31% anual, lo que implica que los restantes erogaciones sólo podrán subir 12% anual (una merma del 13% en términos reales)".
Y en caso de que esa base de cálculo, que es la actividad económica, no subiera en la proporción que dé mayor margen a las erogaciones que tiene referenciadas y a la que ya estaban ajustadas en las planillas, los únicos reaseguros para compensar una eventual diferencia serían los, por estos días, dos tabúes políticos: el sistema previsional (las jubilaciones) y la definitiva suspensión del cronograma de reducción de las retenciones al poroto de soja.
El ala radical de Cambiemos, el PJ en casi todas sus ramificaciones y los tecnócratas fiscalistas le apuntan a la renta agrícola, sobre todo después de las devaluaciones (un 80% entre el 1° de diciembre de 2017 y el 24 de agosto pasado (de $17,55 a $31,50), pero igual no alcanzaría.
El dueño de la consultora W, Guillermo Oliveto, desarrolló en la columna que publica hoy La Nación un cuadro de situación que apuntala la posición de la Casa Rosada de no meterse más con el campo después de las últimas medidas adoptadas. Invoca una estimación hecha por Ricardo Arriazu en el sentido de que, así como este año la sequía se llevó US$8000 millones, en 2019 la nueva cosecha récord de 130 millones de toneladas traería US$11.500 millones extras y solo eso implicaría el 1,5 puntos de crecimiento del PBI. Es el número que se necesitaría, según Ecolatina, para mantener las metas fiscales.
Remite Oliveto a la opinión del veterano econometrista tucumano de que “si se hacen las cosas bien, en el 2do trimestre (antesala de las PASO, según el cronograma electoral) podríamos estar creciendo al 7%. A lo que hay que sumarle el despegue de la ganadería y la progresiva recuperación de muchas economías regionales”.
En apoyo del vaso medio lleno que desarrolla en su artículo afirma que “los sectores exportadores, en general, tienen ya un contexto muy diferente. Tanto los industriales como los de servicios”, optimismo que a corto plazo no comparte el especialista que integrara la Fundación Pensar hasta que Mauricio Macri se calzó la banda presidencial, Marcelo Elizondo.
También le pone fichas al turismo receptivo, el que, recuerda, en el 1er semestre de 2018 creció 5%: serían 7 millones de turistas extranjeros este año y el plan es llegar a 9 millones en 2020, lo cual estima cumplible con este dólar, aunque sin haber sido tamizado con el alza de los precios internos.
Finalmente, menciona a Vaca Muerta, “que lejos de ser una fantasía es una estimulante realidad. Este año, la producción de gas de sus yacimientos creció 162% y la de petróleo, 54%. Ya representa el 34% de la producción de gas del país y el 10% de la de petróleo”.
En este aspecto, hay muchos condicionantes que faltan resolver, como por ejemplo definir en las audiencias que se harán el 4 y 6 de setiembre el tipo de cambio al que se tomará la deuda que las distribuidoras tienen con las petroleras por el gas ya en poder de los usuarios entre abril y setiembre, y qué valor del dólar se estimará para octubre-abril.
Todavía el Enargas no había subido a la web el material de consulta de distribuidoras y transportistas para las audiencias, cuando suele consignarlas con 3 semanas de antelación a las audiencias.
Las posiciones sectoriales abren un tenso compás de espera a que se pueda cumplir el anuncio del ministro de Energía, Javier Iguacel, en cuanto a que el aumento al público será del 25% a partir de octubre.
La antesala estadística es una inflación en agosto que se perfila como la más alta del año. Viene de un 3,1% en julio, con lo que el índice de precios acumula, en lo que va de 2018, un alza de 19,6% y en términos interanuales, 31,2%, según el INDEC.
Precisamente, los bienes y servicios regulados traen un fuerte protagonismo de las energéticas en la magnitud del incremento, como en la electricidad, los combustibles, el transporte. Y se anotan las conocidas de siempre, las prepagas.
