Percibir uno u otro beneficio depende de la forma en que están ocupados los padres y las transferencias tienen montos y requisitos diferentes, más exigentes para quienes menos recursos poseen, señala el reporte.
“El actual sistema de transferencias es ineficaz para revertir la situación de pobreza en la cual viven 4 de cada 10 menores de 18 años”, sostiene la directora del programa de Protección Social de CIPPEC, Gala Díaz Langou. La pobreza se concentra en las familias con niños, las más vulnerables.
“Contribuye a la infantilización de la pobreza, afecta el pleno goce de los derechos de los niños y es un obstáculo para el desarrollo del país. En el contexto actual de recesión e inflación es aún más relevante garantizar ingresos a los hogares más vulnerables”, enfatiza la experta.
Calificado de fragmentado e inequitativo, el sistema otorga, sin pedir nada a cambio, la deducción del impuesto a las ganancias a los hogares de ingresos medios-altos y altos: el 93% de tales contribuyentes pertenece a los 2 quintiles que ganan más.
Dentro de este universo de familias no hay un tope al ingreso para realizarla y, a mayores ingresos, mayor es el monto posible de deducir.
El horno no está para bollos: “Vamos a acercar nuestro informe donde puede observarse un 42,3% de malnutrición en niños de barrios humildes. Si no se declara la Emergencia Alimentaria, la situación social será cada vez más caótica”, había dicho Daniel Menéndez, de Barrios de Pie.
En otro orden, el avance de la inflación siembra de pobres e indigentes la base de la pirámide socioeconómica y, según el último dato del INDEC, de julio pasado, la frontera a la indigencia se atraviesa a partir de los $ 8.118,57 por familia tipo.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina, que depende de la Universidad Católica Argentina (UCA), advirtió que pasaría a afectar a 1 de cada 10 argentinos, de los casi 6 que había a fines de 2017.
En una serie de estudios denominados "Agenda para la equidad", que extiende la investigación de las "Deudas sociales" al período 2017-2025, se detalla que durante el 3er trimestre de 2017 un 18,7% de los hogares en el país eran pobres no indigentes y un 4,3% pobres indigentes, y la situación tendería a agravarse aún más.
Al presentar el Observatorio de la Deuda Social el informe del año pasado, ya estimaba que el 31,4%de los argentinos (13,5 millones) vivía en una situación de pobreza, y 5,9% en situación de indigencia: el director Agustín Salvia afirmaba que, a la luz de los resultados del trabajo, existe una Argentina "fracturada, dividida y claramente postergada", si bien reconoció que "hoy hay menos pobres proporcionalmente que en 2015, pero un poco más indigentes".
El cordón social
Aparte de la línea de la pobreza, hay otra que divide a la actividad de la pasividad, en cuyo contexto las necesidades originadas en la población que ha dejado de contribuir al proceso productivo deben ser financieramente cubiertas por medios tales como pensiones, retiros y jubilaciones.
Comprenden, asimismo, las asignaciones familiares y las acciones tendientes a atender el seguro de desempleo y otras prestaciones similares a personal en actividad.
En 2017 abarcó la mitad de las erogaciones del Estado Nacional y las tres cuartas partes del gasto social, cuyo cuarto restante se destina a salud (6 %), promoción y asistencia social (3 %), educación y cultura (10 %), ciencia y técnica (2 %), trabajo (1 %), vivienda y urbanismo (2 %) y agua potable y alcantarillado (1 % ).
La factura de la seguridad social alcanza en total a unas 22 millones de personas:
-7 millones de jubilaciones, pensiones y retiros ( ANSES, Fuerzas de Seguridad y Servicios Penitenciario Federal, Administración de Parques Nacionales, Ex Cajas Provinciales),
-1,5 millones pensiones contributivas ( invalidez, madres de 7 o más hijos, otorgadas por legisladores, vejez, leyes especiales, excombatiente),
-9 millones de beneficios por asignaciones familiares (hijo, ayuda escolar anual, cónyuge, hijo discapacitado, nacimiento, maternidad, prenatal, matrimonio, adopción),
-más de 4 millones en concepto de asignación universal por hijo y asignación por embarazo complementados a su vez por una ayuda escolar anual,
-0,3 millones de subsidios de contención familiar y de tarifas,
-0,1 millones de seguros de desempleo.
Tomando el gasto social en su conjunto, que además de la seguridad social incluye acciones inherentes a la prestación de servicios de salud, promoción y asistencia social, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado y otros servicios urbanos, había crecido el año pasado, en términos reales, un 8,2 % respecto del registrado en 2016 y absorbía un 15,1 % del PBI.
También este año, sin computar nuevas demandas, el principal componente del gasto social, las prestaciones sociales, llevaban un aumento del 30 % en el primer cuatrimestre con relación a igual período de 2017. Planes como Argentina Trabaja, que tiene asignados $16.200 millones para este año, alcanzan a 175.300 personas, pero para hacer una cuenta más general de los que perciben planes, no se conoce la cantidad de los que reciben un sueldo o beneficio de las cooperativas administrados por los movimientos sociales.
