Por lo que ha ido trascendiendo, la primera misión del Fondo, encabezada por el italiano Roberto Cardarelli, desconfía de que, bajo las actuales circunstancias, sea factible que se cumpla el compromiso de lograr el 1,3% de déficit fiscal primario final para el año próximo.
Las preguntas presumiblemente irán dirigidas, por el lado del gasto, al aumento nominal que registraron los subsidios energéticos y el transporte al atenuarse la transferencia a los usuarios de servicios públicos vía tarifazos y morigeración en las subas de los combustibles en los surtidores, que los atrasaron un 15%.
Y por el flanco de los ingresos, querrán saber de dónde saldrá el dinero que no entre por la propuesta que habían hecho y fue rechazada por la Casa Rosada: suspender la baja de las retenciones de la soja.
No se ven demasiadas variantes, e inclusive gobierno y Fondo coinciden en que no es posible avanzar más sobre la presión impositiva neta, que en realidad acordaron que del 58% actual debería ubicarse en un 50%.
Decisiones administrativas
Antes que arribe la delegación de Washington, la Jefatura de Gabinete amplió en $ 9.683 millones el Presupuesto Nacional de este año, según una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial: $ 3.093 millones son para pagar intereses y comisiones de la deuda pública.
Pero al mismo tiempo contiene refuerzos para cajas y partidas militares y de fuerzas de seguridad, penitenciarias y bomberos, todas de un modo u otro relacionadas con el tormentoso 2do semestre en ciernes.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estampó su firma en el decreto pero al mismo tiempo, tal como anticipó el periodista Marcelo Bonelli en el panorama empresario que escribe para Clarín, hizo pelito para la vieja con las subejecuciones de los distintos organismos estatales en lo que va del ejercicio, estimadas en más de un 25% de lo que consta en el Presupuesto vigente.
En la práctica, convirtió en definitivo un recorte en la remisión de fondos que Hacienda venía efectuando mes a mes y en casos, como ante el reclamo universitario por la asfixia a la que se sometía a sus administraciones, negaban que se tratara de un ajuste. Ahora lo es.
Es un nuevo punto de partida fiscal que el ministro Dujovne intenta establecer a partir de la primera auditoría del stand by, que empieza la semana próxima, a fin de trasladar ese margen ahorrado y distribución precocida a los cabildeos del borrador presupuestario del año que viene de engorrosa negociación con los gobernadores.
Como los bancos seguramente adoptarán una postura cauta en el financiamiento de las nuevas obras por PPP hasta que se eche cierta claridad judicial sobre las que están en marcha, el ritmo de actividad dependerá de los recursos que inyecte el Estado con anuencia del FMI, necesidad que, por otra parte, arrima una cuota de poder extra al gobierno nacional para negociar con las provincias ese plus compensatorio.