Mirando estos dos meses transcurridos, ya había caído a la Tesorería la nota de débito por la compensación a las petroleras del congelamiento de parte de los aumentos del 2do trimestre que habían acordado con el ex ministro Juan José Aranguren en plena retirada de éste.
De modo que creció 11,8% nominalmente, con tarifazos y todo, en junio el monto de los subsidios a la energía, 13,6% al transporte, con la consecuente necesidad de financiamiento. Pero además la fórmula de actualización de los combustibles en los surtidores (basada en la pesificación del precio internacional del crudo, con ambos vectores hacia arriba) acumuló un 15% pendiente de aplicación limpio de futuras inflaciones, y con la depreciación de la moneda es una rueda de nunca acabar.
Dentro de dos meses, tocará a las tarifas de los servicios públicos, con alzas del 25% para arriba, aportar al IPC, de ahí a los combustibles, al dólar, y los demás irán siendo acomodados en la medida de las posibilidades.
El gustito por la inflación
La Administración Macri parece haberle tomado el gusto al efecto en el gasto fiscal del ajuste por inflación, después que la denominada núcleo pasó del 20 al 30% en un año. En una carrera con las pulsaciones aceleradas como ésta se licúan más rápidamente los salarios del sector público, jubilaciones, pensiones y otras erogaciones sociales, a costa de tener que afrontar el caos callejero por las protestas, que de una forma u otra siempre está.
La fijación del 6,7% de incremento a las pasividades en setiembre, de acuerdo con la modificación a la ley de movilidad que básicamente patea 3 meses el cálculo de las liquidaciones, en la práctica significa diferir la devolución de la alta inflación disparada en mayo a fin de año.
A septiembre, los haberes habrán acumulado un 19,2% de incremento nominal (con alzas acumulativas de 5,69% en marzo, 5,71% en junio y 6,7% en el noveno mes). Para ver la dimensión del ajuste en números, la mínima actual es de $ 8.096,30 y la máxima, de $ 59.314,97, que con el nuevo ajuste pasarán a $ 8.637,10 y $ 63.277,20, respectivamente.
Ya en el empalme en marzo entre las dos leyes de movilidad los jubilados habían perdido el 8,8%, cuando por la anterior hubiera sido empate este año frente a la inflación.
La Nación sacó proyecciones aportadas por varias consultoras y economistas que indican, asimismo, que las subas nominales acumuladas por los sueldos quedarían entre 3 y 5 puntos por debajo de la evolución del índice de precios al consumidor, lo cual alivia la carga de las nóminas que paga el Estado, mucho más si concreta una poda en la cantidad de agentes.
El recorte total de las remuneraciones reales no será menor, ya que afecta al 70% de la factura fiscal.
El desfase fue transferido, en todo caso, a cada uno de los hogares, porque el menor poder adquisitivo de los beneficiarios sociales en octubre sería 5,3% y una caída interanual del salario real del 4,1%, con los que, encima, deberán afrontarse facturas de servicios con aumentos.
Tendrán dos meses duros por delante hasta que en diciembre las estadísticas prometen una pérdida menor: 2,2% en comparación con el mismo mes de 2017. Según cómo den los salarios en junio, podrían incidir en 1,8% en la movilidad jubilatoria pagadera en el último mes del año, que promediaría hacia abajo lo que acumule el IPC.
Es que al aplicarse la fórmula de ajuste de haberes en forma trimestral a partir de este año, se suma y divide por dos el 70% de la inflación de un trimestre y el 30% de la variación del índice salarial Ripte, para lo cual los datos se toman con un rezago de 6 meses, o sea que abril y junio definen la suba de diciembre.
En la práctica, entre octubre de 2017 y junio de 2018, los haberes y asignaciones por hijo resignaron 3,85% en términos reales, sin contar el bono. La perspectiva va para peor: en todo el año perderían hasta 8%.
El detalle:
-el 1er incremento con la nueva fórmula se comenzó a aplicarse el 1ro de marzo pasado y fue del 5,71%, basado en lo sucedido en el 4to trimestre de 2017;
-en junio se aplicó el 2do, de 5,69%, con los datos del 1er trimestre del año, con lo que el acumulado semestral dio 11,73%, contra una inflación en ese mismo período de 13,15%: la pérdida en consecuencia fue del 1,42%;
-para cobrar en octubre se fijó en 6,68%, que surge de los resultados del 2do trimestre de 2018, con lo que en 9 meses el haber jubilatorio habrá subido un 19,19%.
La inflación superior al 30% determina, al mismo tiempo, una brecha nominal de al menos 4,3 puntos por encima del salario, que habrá que ver cómo se traduce, en el balance fiscal, en la diferencia entre la columna de remuneraciones que paga el Estado y los tributos que percibe.
La cuenta matemática que cabría a cada trabajador sería muy distinta: si lo que en diciembre de 2017 valía 100, un año después se fue a 131,50, mientras que la evolución del sueldo le alcanzará para cubrir el 96,7% de ese presupuesto. Es lo que se conoce como pérdida del salario real.
