La aplicación de estos impuestos muchas veces fue protestada enérgicamente en foros internacionales como la OMC (Organización Mundial de Comercio) por la “competencia desleal” que genera en países que también usan las materias primas afectadas, para producir otros bienes, por los que deben pagar el precio “lleno” en el mercado internacional. El caso más recientemente, es la sanción para la venta de biocombustible a Estados Unidos, justamente porque la soja argentina tiene el precio “recortado” en el mercado interno por las retenciones.
Es llamativa la confusión, aún entre técnicos, que no parecen darse cuenta que medidas de esta naturaleza, además de intervencionistas y profundamente estatistas, lesionan fuertemente la libertad y el respeto por las libertades individuales, algo que al menos los principales partidos políticos deberían intentar proteger. Por el contrario, tanto en el peronismo como en la UCR, y ahora también en el PRO, hay ramas muy volcadas a este tipo de intervención.
A lo largo de la profusa historia de estos impuestos en el país, los resultados siempre fueron muy negativos, con alguna excepción de muy corto plazo, ya que propenden a desalentar la producción genuina dado que el Estado se apropia de una tajada extra de los resultados económicos de la actividad. Tanto en la década de los ’40 y ’50, como en los ´80, o más recientemente con la Administración Kirchner, la aplicación/ aumento de estos impuestos terminó provocando una profunda caída de la producción, lo que generó tanto la baja en la recaudación de esos mismos impuestos y otros, como el brutal aumento en los precios de los productos para el mercado interno a causa de la caída de la oferta.
El ejemplo más reciente, en la década pasada, llevó al trigo a su nivel de siembra más bajo en 108 años, con producciones inéditas por debajo de los 10 millones de toneladas; la pérdida de casí un cuarto del rodeo vacuno nacional (unos 11 millones a 12 millones de cabezas) lo que impide hoy cumplir, incluso, con algunos compromisos de exportaciones, y que hasta la soja, que era el cultivo vedette y cuya área de siembra venía creciendo desde 1940, primero se estancara, para luego caer perdiendo la Argentina más posiciones en el mercado internacional.
A pesar de estos estrepitosos fracasos (siempre con el argumento de “cuidar la mesa de los argentinos”), y que en realidad sólo enmascaran la incapacidad administrativa de distintos gobiernos que apelan a la “simplicidad” de poder recaudar ”cazando en el zoológico”, sin medir las consecuencias ulteriores, en lugar de mejorar los alarmantes índices de irregularidad impositiva que caracterizan al país; aún con todos estos elementos irrefutables, hay grupos que siguen propugnando aplicar más impuestos como estos, considerados entre los más regresivos que se conocen.
Al listado previo se pueden agregar cantidad de argumentos “menores” como el hecho de que, si no se “coparticipan” las pérdidas, ¿quién y como puede hablar de “renta extraordinaria” en el caso de que los precios internacionales, o eventuales saltos en el tipo de cambio, provoquen mejoras no calculadas en los ingresos?
Las medidas actuales, aplican solo para la soja, que prácticamente no se consume en el mercado interno, por lo que el argumento antiinflación de los precios para los consumidores locales, tampoco tiene ningún asidero.
Un estudio reciente de la Bolsa de Comercio de Rosario da cuenta que, tras la quita de las retenciones al trigo, el PBI de este grano directamente ¡se duplicó¡, lo que demuestra, además, que la actividad es muy dinámica a los efectos alcistas.
De la misma manera que se le pretende recortar artificialmente el ingreso a la producción, en un esquema abiertamente estatista se podría entonces “intervenir” desde el Estado en otros sectores con fuertes ganancias, como la Justicia (no paga impuestos), o la política con llamativos sueldos que no siempre se corresponden con una contraprestación de servicios acordes, u otros. ¿quien tiene la potestad de decidirlo?
¿Y la estabilidad? ¿Y la seguridad jurídica? ¿Para cuándo?
