La secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, contrató para la Oficina Anticorrupción (OA) a la consultora Consuasor por $82.500 mensuales para realizar tareas de comunicación estratégica, que incluye prensa y manejo de redes.
Según la investigación, Alonso realizó esta tarea durante todo el 2017 y parte de 2018, pero esa consultora está vinculada al PRO. Contratación que además no figuraba en los registros de la OA.
Se cree, que Alonso para disimular el vínculo comercial con la consultora PRO, extendió el contrato a los dueños de la misma: Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giudice. Los montos de la contratación son polémicos: salarios entre $38 mil y $44 mil mensuales, que anual dan una suma de $990 mil.
Pero lo raro del caso, y según una investigación periodística realizada por el portal de periodismo político LetraP, los que llevaban a cabo las tareas no era la dupla contratada, sino que las tareas de comunicación las realizaba otra persona que no figuraba entre los abonados de la Oficina Anticorrupción.
Esta investigación periodística hizo tambalear a Alonso, que decidió de inmediato dar de baja los contratos con la extraña consultora, consultora que además dio de baja su página web y desapareció todo su registro.
Estas dos personas que percibian un salario de de entre 38 y 40 mil pesos (Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giudice) son nombres conocidos del oficialismo, tan conocidos que tras la investigación, recibieron contratos similares a los de Alonso en al menos 12 organismos públicos del Estado, entre los que figuran los ministerios de Justicia, Trabajo, Medio Ambiente y Defensa.
La doble moral de algunos funcionarios del Gobierno es sinigual, por ejemplo, mientras desde la Oficina Anticorrupción vociferaban que luchaban contra los abusos del propio ministro Jorge Triaca a su empleada en negro Sandra Heredia, caso que destató un escándalo en el Gobierno, Laura Alonso estaba trabajando muy cercanamente con uno de los contratados de la rara consultora: Sosa Liprandi.
Del mismo modo, la investigación también reveló que la consultora Consuasor días después del triunfo del Presidente Mauricio Macri, consiguió varios contratos en oficinas estatales. Además, anteriormente había trabajado para el bloque de diputados del PRO y también para el partido en general.
Por si fuera poco, la misma responsable de la transparecia en la OA, intentó ocultar el vínculo con la consultora Consuasor. Mediante una nota firmada por el Ministerio de Justicia, Alonso quiso negar la información sobre el pago a Sosa Liprandi y Guudice, y argumentó la negación porque "podría afectar la protección de datos personales". La jugada de Alonso no funcionó, y solo demoró la investigación un par de semanas.
