Cuando los auditores que envíe el FMI revisen el cumplimiento de la medida de reducir en un 25% los cargos políticos en el Estado, el congelamiento durante este año de los salarios de los funcionarios políticos de la Administración Pública Nacional y el decreto para que ningún ministro pueda nombrar familiares en el Gobierno, habrá que ver qué interpretan de estos nombramientos. Echándoles el ojo a los del viernes pasado aparece el de la fonoaudióloga presidencial, Micaela Méndez, como directora de Gestión Comunicacional de la Dirección General de Discurso de la Subsecretaría de Comunicación Presidencial de la Secretaría General de la Presidencia.
Lo mismo sucede con otros refuerzos en los RRHH, como el de la planta superior que pusieron en práctica la Jefatura de Gabinete y la de Articulación de Política Social dependiente de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a la que se proyecta como candidata potencial a algún elevado cargo electivo en 2019.
¿Recomendarán los auditores retrotraer este aumento de la nómina o que se le haga lugar dentro de aquel 25% pautado de desvinculaciones comprometido? ¿Y que los sueldos asignados encuadran en el congelamiento de los que ya están? Más bien irán con el número.
El recetario de siempre
El vademécum que portan las misiones del FMI es más que conocido, difundido y dicho hasta el cansancio por los propios portavoces del organismo: reducir drásticamente la inflación, profundizar el ajuste fiscal y aumentar el ahorro nacional, haciendo hincapié en:
-eliminar subsidios económicos (tarifas),
-atacar más decididamente el déficit previsional,
-acelerar una reforma laboral,
-reducir la planta estatal, y
-mantener tasas de interés positivas.
Mientras se analiza cuál de las variantes del portafolios de asistencia que tiene el FMI se adapta mejor a la situación argentina si, descartado un stand by, la línea de crédito flexible o la de precaución y liquidez, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, consiguió que tanto Alejandro Bulgheroni como sus ex empleadores de Shell aceptaran no aplicar este mes el 12% de aumento en los combustibles que surgiría de conjugar el alza internacional del crudo y la devaluación, y esperar a julio para reanudar indexaciones hasta fin de año.
El CEO de YPF, la compañía de bandera que lidera el mercado de las naftas con el 55% de share, Miguel Gutiérrez, no tiene otra que acatar.
Pero será el Congreso, en todo caso, la caja de resonancia que aguarda al vínculo crediticio que se inició con el FMI, y no sólo por la mala prensa que el organismo multinacional tiene en el país, según palabras de Graciela Fernández Meijide.
Una encuesta de D’Alessio Irol y Berensztein da cuenta que un 75% de los consultados están en desacuerdo con volver a acudir a la ayuda del FMI, y se descuenta que tanto el kirchnerismo como la izquierda aprovechen esa bandera para potenciar su discurso y posibilidades de movilización callejera y de base.
Cambiemos intentará hacer valer en el Poder Legislativo, ya que no una mayoría, el pacto fiscal firmado con los gobernadores a fin de pasar por las cámaras la exigencia que plantee el Fondo con las reformas pendientes, como la flexibilización laboral, y lo que quedó de la impositiva y previsional, por los proyectos oportunamente negociados con la oposición que licuaron los efectos buscados, como sucedió con el régimen jubilatorio y ganancias.
El ex delegado hemisférico ante el FMI, Claudio Loser, lo anticipó con conocimiento del paño que la prioridad de agenda que traerán los auditores: que haya menos gradualismo en bajar el déficit fiscal y en disminuir el peso del endeudamiento, al cual contribuiría que los 20 ó 22.000 millones que sean otorgados al país bajen a un tercio el costo de esa porción refinanciada.
En un análisis que trascienda el ombligo nacional, no habría que dejar de lado el significado que asume para Washington, en el crítico contexto internacional, la petición del “miembro valioso”, como definió Lagarde a la Argentina, frente a la recomposición mundial del comercio y el repentino endurecimiento de las condiciones financieras desatados por la Administración Trump. El organismo está llamado a intervenir activamente en la regularización de los niveles de deuda global que, entre la pública y la privada, han alcanzado el récord de US$164 trillones, un 40% más que el nivel de 2007.