Mientras que en 2002 en el mercado eléctrico la generación era el 43% con combustibles fósiles y el 57% con fuentes limpias, en el 2017 el 65% fue generado por fósiles y sólo el 35% con fuentes limpias.
Contaminación ambiental, caída de la producción incremento de las importaciones déficit fiscal y una gran corrupción fueron la matriz de la política energética del anterior gobierno.
Lo barato nos terminó saliendo caro.
Para entender mejor el por qué de la necesidad de una revisión integral de tarifas, es necesario decir que en los últimos 15 años, el salario creció 1.700% mientras que las tarifas solo el 150%. Aún así, un tercio de los argentinos gozan del beneficio de la tarifa social, esto significa que pagan en promedio $500 por mes.
Algunos sectores reclaman la alineación del costo de las tarifas con el salario pero nosotros creemos que es necesario evaluar otras variables, tales como el consumo, los costos nacionales de producción, los internacionales y el tipo de cambio. Hay que contener la ola demagógica de los que nos llevaron a este desastre.
En este sentido, la UCR reconoce el avance positivo de la gestión del Gobierno hacia la reducción de los subsidios a las tarifas de servicios públicos pero no deja de destacar que no se han promovido cambios en los usuarios tales como inversiones destinadas a la eficiencia o hábitos de consumo.
El cambio de conductas como éstas es un proceso que necesariamente lleva tiempo y por eso debe ser impulsado por el gobierno.
Por tal motivo, se realizó una propuesta concreta de prorratear los consumos de la temporada invernal en la temporada estival y posponer otras modificaciones para aplicarlas de forma más gradual.
A su vez, se reclamó la realización de campañas de concientización para promover el ahorro de energía y el gobierno se ha comprometido a impulsar estas medidas. Acompañamos la adecuación de las tarifas, pero con la convicción de que un exceso en el aumento se contrapone a los objetivos planteados.
El gobierno tiene un buen proyecto para quitar tributos de las boletas de las tarifas. Se han cometido excesos en este sentido. Cada persona tiene que saber qué paga y por qué lo paga, cuál es el nivel de inversión de cada empresa, etc. Hoy se está controlando en serio a las empresas energéticas.
La determinación de las tarifas es una facultad del Poder Ejecutivo Nacional que esta reglamentada con una serie de procedimientos como las Audiencias Públicas que se han llevado a cabo en tiempo y forma.
Las propuestas de intervención vía ley en ese proceso significaría un enorme retroceso que generaría incertidumbre, cambio de reglas y un gran desaliento para las inversiones necesarias en el sector.
Como aliados y participes del gobierno, los radicales seguimos efectuando propuestas que consoliden el correcto rumbo de recuperación encarado por el gobierno e insistimos en que el gradualismo es el mejor camino para la consolidación del proyecto de transformación en que estamos empeñados
