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Debut estelar de Mindlin en PPP con el negocio ex Macri

Hoy gran debut, gran, de las Participaciones Público- Privadas (PPP), con la presencia estelar entre los oferentes de los 6 corredores viales licitados de una de las fuentes de inspiración de los tarifazos en el gobierno y conspicuo animador del panel secundario de Wall Street: Marcos Marcelo Mindlin, quien figura al frente del mayor conglomerado energético y de la constructora IECSA, desde que la familia presidencial tuvo que desprendérsela y fue rebautizada como SACDE. El toque “de color” del acontecimiento lo da la aparición de la coreana Hyundai en un concurso público nacional. Está claro que la Administración Macri apeló a este sistema por el cual la inversión internacional en infraestructura la consigue el contratista, pero el riesgo final ante los prestamistas lo asume el Estado, sin computarlo en el balance fiscal ni como deuda externa hasta después de finalizada la obra. La novedad radica en que estos proyectos que operan las empresas privadas tendrán que ser pagados por los usuarios de esas obras, lo cual explica el celo oficial por la cuestionada actualización tarifaria. Porque de requerirse inversión incremental por sobrecostos en materia de infraestructura de transporte y distribución de energía, ¿cómo ajustará? ¿Será por semestre? La cuestión pasa porque sólo el Estado puede garantizar el recobro a través de las tarifas, que los PPP´s no están en condiciones de asegurar porque para subir los valores se requiere pasar filtros y controles. Tampoco cabría la alternativa de endeudarse para sostener una concesión de energía. Los constructores cuentan con el diferencial que le sacarán al cobro de los certificados de cumplimiento con los bonos que les entregarán a cambio y descontarán en los fondos de inversión, donde el ministro de Finanzas, Luis Caputo, se mueve como pez en el agua.

La letra grande y de molde indica que poco antes de mediodía de hoy, finalmente, con la presentación de la "Certificación de Calidad de los Oferentes" que hizo una decena de grandes firmas constructoras, agrupadas en Unión Transitoria de Empresas (UTE), se abrió la licitación de 6 corredores viales que deja inaugurado en el país la Participación Público Privada (PPP), mágica fórmula que le permite a al gobierno hacer obras de infraestructura, a computar como deuda externa e incrementar el déficit fiscal recién después de 2024, pero utilizarlas el año que viene, como carta de campaña, para la reelección presidencial de Mauricio Macri. Y si la lograse, que pague el que venga después. 

A diferencia de los contratos de obra pública tradicional, en los de PPP la empresa ganadora de la licitación empieza con fondos propios o financiándose con préstamos de bancos locales, con su propia garantía.

Si bien el gobierno allanó varias dificultades que determinaron un par de postergaciones de la fecha de inicio de la PPP, como la aprobación de una cantidad de beneficios impositivos y judiciales para quienes se adjudiquen los concursos, el grupo de compañías que participan recibió seguridades de parte de las autoridades de que se irán solucionando sobre la marcha los temas que quedaron pendientes, como es la cobertura de los riesgos por sobrecostos que queden fuera de la madeja de seguros bancarios que les hicieron constituir y terminen afectando la rentabilidad de los proyectos, como el régimen de aumentos de peajes, de tarifas (actualmente en tela de juicio) y el diferencial en el riesgo soberano del financiamiento si Argentina no es recalificada en junio como emergente por el MSCI.

Otra incógnita, aunque todos descuentan que se develará en cuestión de días, es la sanción en el Congreso de la ley de Mercado de Capitales, que permitirá a los departamentos financieros de las empresas arbitrar excepcionalmente los flujos de inversiones.

Muchas caras conocidas y otras no tanto en estas lides presentó la licitación: Techint va con la española Acciona; la italiana Impregilo con otra ibérica, AbertisRoggio se presenta con Chediack, debuta la ex IECSA, rebautizada Sacde,  que el primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, le traspasó a Marcelo MindlinCartellone y otra UTE que formaron Helport, Panedile y Eleprint.

La internacionalización del sistema hizo que el gobierno tuviera que aceptar que los contratos queden sometidos a jurisdicción externa, repitiendo la experiencias de los bonos soberanos que aún siguen defaulteados en los tribunales de Nueva York.

Otras concesiones consistieron en:

-exceptuar del IVA el fideicomiso PPP al emitir los títulos de pago por inversión (TPI) en dólares, que serán entregados los bonos en tiempo y forma como anticipos por las obras;

-modificar el régimen del IVA para los proveedores,

-abrir las importaciones temporarias de maquinaria con arancel cero y el compromiso de que efectivamente les.

-reintegro a los contratistas de la retención de Ganancias que les aplica cuando realizan pagos al exterior.

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La concentración de los PPP inicialmente en la vialidad tiene ventajas respecto de la demanda y los precios, debido a que el sistema tiene más chances que cualquier otro de que los constructores puedan acordar con los proveedores fórmulas de seguimiento de los valores para toda la obra, si bien es probable, inevitablemente, que ello repercuta en los suministros similares para el consumidor común, como sería el caso del cemento, que ya se reveló en las represas sobre el río Santa Cruz, donde los constructores analizan la posibilidad de traer el insumo para su fabricación, el cliquer, desde Portugal.

Pero, además, permite poner en marcha la rueda financiera que movilizará este tipo de inversiones, cuyo mecanismo de seguimiento brinda la posibilidad de medir los metros concretados cada mes, habilita al gobierno a emitir un Acta de Reconocimiento de Avance de Inversión (ARAI) que calcula la colocación de fondos aún no amortizada, con lo que al cabo de 3 meses las constructoras las juntan y canjean por un Título de Pago por Inversión (TPI), nominado en dólares, o por un TPD, que ajustará por CER.  

El TPI se afecta a un fideicomiso PPP (no como deuda pública, pese a ser emitido en moneda extranjera) y circula con intermediación bancaria entre los proveedores del exterior, respaldado en primer término por el Sisvial, un fondo fiduciario que se nutre del impuesto al gasoil y que, a partir de 2020, sólo podrá destinarse a obras construidas mediante los contratos público-privados. La garantía secundaria es del Presupuesto Nacional.

Además de los beneficios fiscales acordados, los TPI gozarán de liquidez, al poder ser descontados por las entidades en fondos de inversión internacionales y reciclar, así, el financiamiento en los 5 años que dura el contrato.

Ecuación financiera

El Cronista Comercial consultó al secretario de la Cámara de la Construcción (Camarco) y experto en PPP, Julio Crivelli, quien brindó la clave del negocio: las empresas que se presentaron a la licitación pretenden una tasa cercana al 10% anual, más de 2 puntos por arriba de lo que paga el Gobierno nacional cuando coloca deuda.

"Puede ser que las obras terminen saliendo entre 2,5 y 3 veces en relación al sistema tradicional , admitió el directivo de la Camarco, pero hay que tener en cuenta que se pagan a lo largo de los años, nos las están financiando".

A partir del 5to año de iniciadas las obras (2024 en el caso de las viales licitadas) cada TPI debe ser cancelado en forma semestral por el Estado en los 10 años siguientes hasta completar los 15 que duran los contratos.

Los peajes, regulados por el gobierno, aportan los recursos para la operación y el mantenimiento de las rutas y las autopistas a encarar.

La cuestión de fondo pasaría, en consecuencia, por arbitrar el recargo que tienen sobre los costos la red de seguros y reaseguros que implican las garantías que el banco o institución que financie exigirá al contratista, a fin de garantizar que la obra puede ser construida sin riesgos para la rentabilidad calculada.

Lo más probable es que el garante de última instancia termine siendo el Estado por una cuestión de costos. Si se dan las hipótesis de la evaluación hecha recientemente en Gran Bretaña sobre el programa PPP, habrá que pensar en un 40% de excedente en lo que se terminará pagando. El Ministerio de Transporte, a cargo de Guillo Dietrich, lo niega terminantemente.

Lo que de todos modos no se incluyó en el cálculo del costo de oportunidad de los PPP es que la prioridad de los proyectos que entran bajo ese sistema está dada por la capacidad de endeudamiento de los constructores y el cumplimiento de los plazos y condiciones con los financistas antes que en una planificación estratégica que implique “dejar de pensar en redes de infraestructuras unimodales y pase a ser considerada una única red logística, cuya infraestructura de transporte combina e integra las distintas infraestructuras viales, ferroviarias, fluviales, aéreas y marítimas, facilitando los procedimientos físicos y regulatorios para el cambio de un modo al otro, en función de las necesidades particulares de cada operación logística o usuario”, según la oficina especializada de CEPAL a cargo del argentino Ricardo Sánchez.

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