La internacionalización del sistema hizo que el gobierno tuviera que aceptar que los contratos queden sometidos a jurisdicción externa, repitiendo la experiencias de los bonos soberanos que aún siguen defaulteados en los tribunales de Nueva York.
Otras concesiones consistieron en:
-exceptuar del IVA el fideicomiso PPP al emitir los títulos de pago por inversión (TPI) en dólares, que serán entregados los bonos en tiempo y forma como anticipos por las obras;
-modificar el régimen del IVA para los proveedores,
-abrir las importaciones temporarias de maquinaria con arancel cero y el compromiso de que efectivamente les.
-reintegro a los contratistas de la retención de Ganancias que les aplica cuando realizan pagos al exterior.
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La concentración de los PPP inicialmente en la vialidad tiene ventajas respecto de la demanda y los precios, debido a que el sistema tiene más chances que cualquier otro de que los constructores puedan acordar con los proveedores fórmulas de seguimiento de los valores para toda la obra, si bien es probable, inevitablemente, que ello repercuta en los suministros similares para el consumidor común, como sería el caso del cemento, que ya se reveló en las represas sobre el río Santa Cruz, donde los constructores analizan la posibilidad de traer el insumo para su fabricación, el cliquer, desde Portugal.
Pero, además, permite poner en marcha la rueda financiera que movilizará este tipo de inversiones, cuyo mecanismo de seguimiento brinda la posibilidad de medir los metros concretados cada mes, habilita al gobierno a emitir un Acta de Reconocimiento de Avance de Inversión (ARAI) que calcula la colocación de fondos aún no amortizada, con lo que al cabo de 3 meses las constructoras las juntan y canjean por un Título de Pago por Inversión (TPI), nominado en dólares, o por un TPD, que ajustará por CER.
El TPI se afecta a un fideicomiso PPP (no como deuda pública, pese a ser emitido en moneda extranjera) y circula con intermediación bancaria entre los proveedores del exterior, respaldado en primer término por el Sisvial, un fondo fiduciario que se nutre del impuesto al gasoil y que, a partir de 2020, sólo podrá destinarse a obras construidas mediante los contratos público-privados. La garantía secundaria es del Presupuesto Nacional.
Además de los beneficios fiscales acordados, los TPI gozarán de liquidez, al poder ser descontados por las entidades en fondos de inversión internacionales y reciclar, así, el financiamiento en los 5 años que dura el contrato.
Ecuación financiera
El Cronista Comercial consultó al secretario de la Cámara de la Construcción (Camarco) y experto en PPP, Julio Crivelli, quien brindó la clave del negocio: las empresas que se presentaron a la licitación pretenden una tasa cercana al 10% anual, más de 2 puntos por arriba de lo que paga el Gobierno nacional cuando coloca deuda.
"Puede ser que las obras terminen saliendo entre 2,5 y 3 veces en relación al sistema tradicional , admitió el directivo de la Camarco, pero hay que tener en cuenta que se pagan a lo largo de los años, nos las están financiando".
A partir del 5to año de iniciadas las obras (2024 en el caso de las viales licitadas) cada TPI debe ser cancelado en forma semestral por el Estado en los 10 años siguientes hasta completar los 15 que duran los contratos.
Los peajes, regulados por el gobierno, aportan los recursos para la operación y el mantenimiento de las rutas y las autopistas a encarar.
La cuestión de fondo pasaría, en consecuencia, por arbitrar el recargo que tienen sobre los costos la red de seguros y reaseguros que implican las garantías que el banco o institución que financie exigirá al contratista, a fin de garantizar que la obra puede ser construida sin riesgos para la rentabilidad calculada.
Lo más probable es que el garante de última instancia termine siendo el Estado por una cuestión de costos. Si se dan las hipótesis de la evaluación hecha recientemente en Gran Bretaña sobre el programa PPP, habrá que pensar en un 40% de excedente en lo que se terminará pagando. El Ministerio de Transporte, a cargo de Guillo Dietrich, lo niega terminantemente.
Lo que de todos modos no se incluyó en el cálculo del costo de oportunidad de los PPP es que la prioridad de los proyectos que entran bajo ese sistema está dada por la capacidad de endeudamiento de los constructores y el cumplimiento de los plazos y condiciones con los financistas antes que en una planificación estratégica que implique “dejar de pensar en redes de infraestructuras unimodales y pase a ser considerada una única red logística, cuya infraestructura de transporte combina e integra las distintas infraestructuras viales, ferroviarias, fluviales, aéreas y marítimas, facilitando los procedimientos físicos y regulatorios para el cambio de un modo al otro, en función de las necesidades particulares de cada operación logística o usuario”, según la oficina especializada de CEPAL a cargo del argentino Ricardo Sánchez.