Así como el año pasado debió dejar en suspenso el cronograma de los tarifazos por la campaña electoral, ahora la historia vuelve a repetirse con el que tocaría en octubre, pero esta vez por la crisis internacional en ciernes.
En la audiencia de revisión de tarifa integral de setiembre de 2016, se había autorizado a las empresas a que aumenten tarifa dos veces al año (abril y octubre) desde ese año en adelante , actualizando sus costos, a la vez que se iban reduciendo subsidios y agregando más valor dólar dentro de la tarifa.
En diciembre del 2017 se retomó la planilla de aumentos que 3 meses antes había sido postergada para no comprometer las chances de Cambiemos en los comicios y hasta se ofrecieron planes de pagos a los consumidores. Se le acaba de sumar la del 1 de abril, siendo que las audiencias para el gas celebradas a fin de febrero habían propuesto incrementos que llevarían el cargo fijo a $547,50 y el metro cúbico a $7,03 para esa misma categoría y zona.
Pero para el alza que correspondería a octubre ahora se abren signos de pregunta.
Aranguren, que no es amigo de gradualismos, de nuevo se ve compelido a frenar, inclusive, la que consideraba una política escalonada y gradual de incrementos en las tarifas de los servicios públicos: negocia con las petroleras beneficios compensatorios, como la cancelación de la deuda por el plan Gas implementado por el gobierno K, que venció en diciembre, a una veintena de empresas. Asciende a US$1.583 millones y la devolverá en 30 cuotas. Asimimo, les permite a las refinadoras importar el fluido a valores más bajos que los del barril criollo que les tienen que comprar a las colegas locales, con YPF a la cabeza.
Reaseguros de la JGM
Precisamente se lavó las manos de lo que haga la petrolera estatal en materia de surtidores quedando en la Jefatura de Gabinete la responsabilidad de echarle ojo. De hecho se cree que la llegada de Daniel Cristian González Casartelli a la conducción de YPF constituye un reaseguro de control para el vicejefe Mario Quintana, ya que se lo considera hombre de su confianza.
Respecto a electricidad tras el descongelamiento poscomicial estaban previstos 4 aumentos entre diciembre de 2017 y mayo de 2018: el mayorista de fin de año tuvo extensión del 19 al 31 de enero, y otro abarcó desde el 1 de febrero al 30 de abril, el primero con el efecto de los aires acondicionados a full por los calores del verano.
De las sumas y restas entre las distintas categorías de consumo y zonas residenciales, el promedio daría que las boletas de marzo se fueron al doble que las del año pasado.
Si como en el caso del gas, se toma un ejemplo, un consumo medio residencial, de unos 500 Kw bimestrales, el usuario pasa de pagar $600 a $1.220, esto será calculando los aumentos de precio en generación, distribución, de los costos fijos y del impacto de todo ello en los impuestos.
De modo que los presupuestos familiares de este mes y el próximo se verán fuertemente presionados por las facturas de los servicios públicos, que según un estudio del Observatorio Económico de la Universidad Nacional de Avellaneda ya ocupan en promedio un 19%, siendo la Argentina el 3er país que más porcentaje del salario mínimo destina a pagar el gas, la luz y el agua en América del Sur.
El laboratorio revela su orientación cuando destaca que fue, precisamente, durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, en 2015, que la tarifa argentina era la más baja de la región y que, tras los ajustes en las boletas de electricidad, transporte y peajes en el 1er trimestre, obligan a destinar en promedio el 19% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVN), actualmente en los $9.500.
En los últimos 3 años, la incidencia de los servicios públicos en la remuneración básica aumentó 15 puntos porcentuales al pasar del equivalente al 6% en 2015 al 21% en 2018, dice el análisis.
Ahora Argentina quedó por detrás sólo de Venezuela, que ocupa la cima con 33%, y Chile, donde el pago de las tarifas de los servicio públicos básicos se lleva el 23% del salario mínimo de la economía.
El país desplazó este año a Brasil del 4to lugar y a este ritmo pronto se quedará con el 2do que detenta Chile, cuyo peso de las tarifas en los sueldos en los últimos tres años perdió 3 puntos porcentuales de incidencia. Atrás en el ranking regional vienen Ecuador, Colombia, Perú y Uruguay.
Según el informe, esta situación en la que se ve la Argentina se da después de que las tarifas de electricidad aumentaron 1.490% entre enero de 2016 y marzo de 2018; y las de gas natural por red se encarecieron 1.297% en el mismo período.
Las tarifas de agua corriente subieron un 996% entre enero de 2016 y marzo de 2018, período en el que los peajes ajustaron 677%; el colectivo mostró un alza del 275%; y las cuotas de la medicina prepaga un 88%.
El efecto que estos ajustes han tenido en las formas de consumir de la población se evidencia en los magros indicadores que han ido relegando la multiplicación que ejerce sobre la marcha de economía, la inversión y el empleo, que el gobierno sustituyó con la obra pública.
Pero ahora la guerra comercial en el mundo enciende las luces amarillas sobre los cascos del mismo color, las exportaciones tampoco venían derramando sobre el PBI y menos lo harán en más, la sequía diezmó la cosecha de soja y la crisis de los precios corajudos de Carrefour amenaza propagarse a todo el sector del retail.
Ante este panorama, lo más probable es que quienes, incluidos los miembros del gabinete, tienen sus ahorros en el exterior tengan que ir a juntarse con ellos mientras la economía esté congelada.
